Justicia 2016: se abre una temporada de designaciones y reformas cruciales

Se inicia un período en el cual el presente económico se verá influenciado por una corte que tiene para resolver asuntos trascendentales vinculados con el mercado cambiario, derechos sindicales y cuestiones impositivas.

Ante el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Mauricio Macri planteó al asumir que en su Gobierno “no habrá ni jueces macristas ni militantes”.

El futuro inmediato de la Corte Suprema de Justicia ofrece, a simple vista, dos incógnitas de distinta intensidad y que tienen su respuesta en el nuevo mapa político de la Argentina. Por un lado cerrar el capítulo sobre quienes cubrirán las vacantes de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt y por el otro conocer la postura de la administración de Mauricio Macri sobre cuál debe ser la composición del máximo tribunal a partir de un posible cambio en el número de integrantes.

Estas dos cuestiones que encierran el destino de la Corte Suprema serán afectadas por la ineludible tensión entre un nuevo presidente que desea, igual que sus antecesores, diseñar la lógica del máximo tribunal e imprimirle el sello de su gestión con la actual composición, referenciada en Ricardo Lorenzetti que ha reforzado la idea de que la Corte trasciende los gobiernos y que es también una declaración sobre un Poder Judicial de amplia autonomía y conducido por su máxima instancia. El resultado de esa puja sigilosa definirá quienes cubrirán las vacantes existentes y si estas serán solo dos o, por el contrario, un número superior, lo cual entusiasma al peronismo del Senado.

Como nunca en los últimos años, se inicia un período en el cual el presente económico se verá influenciado por una Corte que tiene para resolver asuntos trascendentes vinculados a mercado cambiario, derechos sindicales, coparticipación federal, derechos aduaneros y cuestiones impositivas. Expedientes sensibles que, hasta no cubrir las vacantes, encontrarán a la Corte con sus capacidades limitadas por una integración de tres ministros, lo cual generará que cuando no existan decisiones unánimes se haga preciso convocar a conjueces externos al tribunal.

Por otra parte el Consejo de la Magistratura ofrece desafíos políticos pero también de gestión porque es el organismo encargado de nombrar y remover jueces pero además de administrar todo el Poder Judicial, con excepción de la Corte. Durante las administraciones del kirchnerismo el Consejo volvió a demostrar que todavía no encuentra la fórmula para cumplir con los designios establecidos por la Constitución. El viraje de un organismo dominado por estamentos técnicos a uno dominado por políticos sólo profundizó la burocracia en la tareas de gestión y agregó reyertas que dificultan avanzar en el nombramiento de jueces, lo cual incide en la calidad del servicio de Justicia. Ahora un nuevo fallo de la Justicia en lo Contencioso Administrativo reclama regresar a la etapa inicial, lo cual genera incertidumbre sobre la composición del organismo y el rol que tendrá la Corte en el mismo.

El presente dista en extremo de los objetivos de la reforma constitucional de 1994. El Consejo de la Magistratura que nació para limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional y abrir al juego de la democracia participativa al Poder Judicial, se ha transformado en un órgano ineficiente que nada aporta al fortalecimiento institucional. Y no es un problema de quienes lo presiden sino de los mecanismos que condicionan sus acciones.

La Procuración General es otro ámbito de dudas. La determinación del nuevo Gobierno es o bien remover a Alejandra Gils Carbó de su cargo o acotarla en sus funciones mediante proyectos de ley que deberán ser avalados por el Congreso. El resultado de esa pelea tiene una carga política especial porque el Ministerio Público Fiscal será el epicentro de la puesta en funciones de un nuevo ordenamiento procesal penal que transfiera las atribuciones de la investigación de los casos de los jueces a los fiscales. Implementar esta reforma con éxito será prioritario para la nueva administración porque es además la oportunidad para la Argentina de sumarse a las tendencias regionales de modernización de los procesos judiciales, asunto pendiente y que cuando el kirchnerismo lo intentó sólo tuvo por motivación desarrollar una nueva batalla institucional contra los jueces. Es imprescindible repensar cuál es la calidad de la Justicia que hoy por hoy recibe la ciudadanía y sobre todo el empresariado.

De este modo el panorama se constituye con las tres máximas instancias de la Justicia (Corte Suprema, Magistratura y Ministerio Público) en un estado de transformación cuyo resultado final es difícil de predecir. La relación entre las fuerzas políticas será crucial para dar con esas respuestas, que no deberían estar exentas de cierta carga técnica y de conocimiento.

Implica reconocer, por ejemplo, que el país está afectado actualmente por múltiples lagunas jurídicas y por una jurisprudencia irregular en la gran mayoría de los fueros. Un claro condicionante para el desarrollo económico porque limita la inversión interna y externa. Desde hace por lo menos cinco años es habitual que las firmas extranjeras con negocios en la Argentina fijan como sede para resolver litigios distintos tribunales en Londres o París. Resulta imperativa una Justicia que garantice las nociones elementales de seguridad jurídica en los hechos (los fallos) y no sólo en comunicados pomposos.

El Gobierno de Mauricio Macri cuenta con las capacidades técnicas para instaurar reformas trascendentes y aportar a un mejor funcionamiento de la Justicia. Se inauguraría así un período decisivo. Jueces y políticos de todos los signos tienen ahora la responsabilidad de estar a la altura de este momento histórico.