Justicia en cámara lenta

El caso judicial sobre el decreto de necesidad y urgencia que habilitó el uso de reservas del Banco Central para renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010 otra vez podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia. Esta vez la parte interesada en acceder al máximo tribunal es el Gobierno, que el viernes pasado apeló el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que confirmó la suspensión del DNU objetado hasta que el Congreso de pronuncie sobre su validez.

El recurso extraordinario interpuesto ante el tribunal de alzada por el nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, deberá enfrentar diferentes instancias procesales que retrasarán la llegada del planteo a la Corte si es que la Cámara concede el recurso.

Recién hoy la Sala IV del tribunal de alzada -donde tramita el amparo presentado por el PRO y la Coalición Cívica que desencadenó la suspensión provisoria de la medida en enero pasado, por decisión de la jueza María José Sarmiento- estaría recibiendo la apelación del Gobierno si este trámite no se retrasa en mesa de entradas. Los integrantes de la Cámara, Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández, deberán luego dar un plazo de 10 días a los demandantes para responder a la apelación del Gobierno.

También deben pedir que se remita el expediente del caso, que en este momento está en el Juzgado de Primera Instancia N° 10, a cargo de la magistrada Liliana Heiland, quien debe resolver la cuestión de fondo. El planteo del tribunal, además, deberá ser remitido al fiscal de Cámara, para que dictamine sobre la situación. Todos estos trámites llevan tiempo, por lo que es casi imposible que, de hacer lugar al planteo del Ejecutivo, el recurso extraordinario llegue a la Corte antes de que el Congreso trate el DNU en marzo, cuando inaugure sus sesiones ordinarias.

A pesar de que no es común que la Cámara conceda este tipo de recursos extraordinarios, los argumentos del Gobierno podrían lograr abrir esa vía. En especial, el argumento de Da Rocha respecto de la gravedad institucional del caso.

El procurador también sostuvo en el escrito presentado que los diputados opositores que iniciaron la acción de amparo no tienen legitimación para hacerlo, ya que el artículo 43 de la Constitución nacional no indica que pueda presentar este tipo de demandas y que sus objeciones a los DNU se deben discutir en el ámbito del Congreso.

La apelación del Gobierno solicita básicamente dos cosas: que el recurso sea elevado a la Corte, para que defina la situación, y que este recurso sea concedido con efecto suspensivo. Esto último implicaría levantar la medida cautelar dictada en primera instancia, que podría poner en efecto el DNU 2.010/09 y avanzar sobre el Fondo del Bicentenario. Si bien, debido a las dimensiones del caso, los camaristas probablemente abran la vía del recurso del Gobierno y eleven el caso a la Corte, no lo harían de manera suspensiva.

Por el contrario, la actitud de la Justicia hasta el momento, desde que Sarmiento suspendió los DNU objetados y sacudió la estrategia político-económica del Gobierno, fue la de apuntar al Congreso para que resuelva el conflicto. A menos de un mes de que empiecen la sesiones ordinarias no es momento de un nuevo escándalo judicial del Gobierno.

Por otro lado, el recurso extraordinario por el DNU 2.010/09 recién estaría llegando a la Corte dentro de varias semanas. Según la jurisprudencia del máximo tribunal, este tipo de planteos son desestimados, hasta que exista una sentencia definitiva sobre la causa. Y en esto, la apelación del Gobierno no sería la excepción.