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Justicia: fin de feria y señal en causa Milani
La tensión desatada en el Senado por el tratamiento del ascenso de Milani, discusión que finalmente fue pospuesta por decisión del oficialismo, tendrá ahora un nuevo correlato judicial. A las causas por su accionar durante el último Gobierno militar se suma ahora una instrucción sobre su patrimonio. Si Di Lello entiende que el general ha omitido datos en su declaración jurada éste terminará imputado, algo que podría ocurrir hoy. Otro punto bajo el análisis de Di Lello es si las contrataciones a tres hijos de Milani en el Estado se hicieron de acuerdo con el reglamento.
La causa tramita en el despacho de Rafecas, un juez que llegó al fuero federal promovido por Alberto Fernández y que si bien supo ganar adeptos del kirchnerismo por su impulso a causas sobre crímenes de lesa humanidad, terminó siendo acusado por el Gobierno en el Consejo de la Magistratura por su actuación en la causa Ciccone de la que fue apartado por la Cámara Federal. Los representantes del oficialismo en el Consejo ya han abierto una investigación contra Rafecas y aspiran a lograr, cuanto menos, alguna sanción disciplinaria contra el magistrado por los mensajes de texto que intercambió con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe en el marco de la causa Ciccone. El destino de Oyarbide al frente de la investigación sobre el accionar de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la fundación Sueños Compartidos también será decidido en los próximos días por la Sala I de la Cámara Federal. Los últimos procesamiento del juez en ese expediente -tuvieron lugar en febrero- desataron una batería de apelaciones y pedidos de remoción que deben ser tratados por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, tres camaristas que en sus fallos han sido extremadamente duros con Oyarbide y sus métodos de investigación. Párrafos casi aleccionadores que han contribuido a alimentar, en los tribunales de Retiro, la tesis de que el juez terminará apartado del expediente.
La situación de Guillermo Moreno en una causa por supuesto abuso de la autoridad también espera la decisión del juez Claudio Bonadío quien antes del receso citó a indagatoria al secretario de Comercio por las multas que éste impusiera a las consultoras privadas que elaboran índices de inflación paralelos a los del INDEC. Multas que fueron anuladas en la Cámara del fuero Contencioso Administrativo.
Ante el juez Moreno brindó una alegato de toque político y no logró aportar claridad al hecho de que las penalidades contra los consultoras fueran hechas a partir de una denuncia de una cooperativa del Mercado Central, ámbito bajo su propia órbita.
Ahora Bonadío tendrá que resolver si procesa al funcionario. Por su parte el juez Sebastián Casanello deberá entender sobre el pedido de indagatoria a Ricardo Jaime que formulara el fiscal Carlos Rívolo, quien también podría solicitar una orden de detención para que el exfuncionario no pase, otra vez, a la clandestinidad. El pasado viernes Jaime logró eludir un juicio oral pautado para comenzar en los tribunales de Córdoba. Allí se lo juzgará por presunta sustracción de evidencia durante un allanamiento.
Otro expediente en poder de Casanello que espera definiciones es la causa por supuesto lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. El juez debe decidir la situación procesal de los financistas Leandro Fariña y Federico Elaskar quienes dieron origen a la causa con sus denuncias en un show televisivo y ya declararon ante el juez.
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