Justicia frena estafa contra un empresario

Entre Ríos - La Justicia de Paraná procesó a un escribano, abogados y a un ex funcionario de la provincia por encontrarlos responsables del delito de falsificación de documento público y estafa procesal, en perjuicio del empresario rosarino Orlando Vignatti, quien los denunció porque pretendieron cobrarle de manera irregular 300.000 dólares. Los imputados son Carlos Torrealday, sus dos hijos y Alejandro Richardet, ex funcionario del Consejo General de Educación y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El juez de Instrucción Elvio Garzón dictó la resolución luego de casi un año y medio de investigación, que permitió comprobar que los denunciados habían falsificado las firmas de Vignatti y de un remisero, también involucrado en la causa.

Los abogados de la querella, Enrique Bacigalupe y Francisco Chiovetta, plantearon la demanda partiendo de una doble situación que perjudicaba a Vignatti: no sólo la situación fraudulenta, sino que la Justicia Civil de Paraná había dado lugar en un primer momento a que el rosarino debiera pagar la deuda al grupo inversor.

En la causa judicial en el Juzgado de Instrucción Nº 8, tanto el juez como el fiscal Rafael Cotorruelo llegaron a la misma conclusión: que el empresario había sido estafado por parte de los denunciados.

Por lo informado, se indicó que al empresario se lo intimó a pagar la importante suma de dinero luego de que éste tomó, supuestamente, un préstamo. Se estableció en la demanda judicial que el responsable del reclamo financiero había sido un remisero, quien al ser convocado a la Justicia negó tajantemente haber participado de la operación con las demás personas. El testimonio del hombre echó por tierra la posibilidad de avanzar con el reclamo del dinero por parte de los profesionales y del ex funcionario provincial.

En la causa, los dos abogados presentaron la documentación para exigir el dinero a Vignatti, avalada por la firma del remisero. Sin embargo, éste en sede tribunalicia admitió que Richardet le hizo firmar en su desconocimiento varios documentos para formar parte de una cooperativa. Luego se enteró de que él le había prestado al empresario 300.000 dólares. El supuesto prestamista admitió que firmó algunos formularios, pero nunca tuvo intenciones de ser el responsable de una organización prestamista de gran escala.

Ahora, Vignatti tiene la posibilidad de neutralizar la resolución de la Justicia Civil de Paraná, que había hecho lugar al planteo de cobro del prestamista.