Justicia prohibió el retorno de calabozos

Alejandro Granados

Buenos Aires - El titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, suspendió el uso de calabozos para alojar detenidos en comisarías de La Plata. La decisión asesta un importante revés al plan de acción del Gobierno de Daniel Scioli dentro de la emergencia en seguridad. Y deja en suspenso la posibilidad de avanzar con este sistema en el resto de los distritos donde estaba previsto el retorno de esas plazas de detención temporaria.

El fallo de Arias remite a un planteo de "inconstitucionalidad" que realizaron distintos organismos de derechos humanos.

La medida había sido dispuesta este año por el ministro de Seguridad Alejandro Granados. Preveía el reacondicionamiento de unos 200 calabozos que habían sido clausurados en 2010 por su antecesor, Ricardo Casal, a partir de una serie de denuncias realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.

Pero la dramática situación de inseguridad que se vive en la provincia y que obligó a Scioli a dictar la emergencia en abril pasado forzó la reactivación de las celdas, hasta tanto se concluyan las nuevas alcaidías y cárceles en Buenos Aires.

Ahora el juez entendió que prima facie la medida "resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado" y que desde la declaración de la "emergencia de seguridad" la situación se agravó.

Según publicó el portal Infocielo, Arias destacó que ahora "se impugna el acto administrativo" que firmó Granados a partir de un monitoreo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"En las comisarías no solamente hay detenidos por aprehensiones, sino que también hay personas con prisión preventiva, lo cual es más grave aún, porque puede prolongarse indefinidamente", afirmó Arias, quien destacó que ahora "se retoman los anteriores actos administrativos que clausuraron los calabozos".

Por otro lado, el titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo consignó que la cautelar no se suspende por una eventual apelación de la provincia "salvo que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo resuelva la contrario".

Ayer, ante una consulta de este diario, el Gobierno provincial dijo que acatará el fallo.