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Justicia reabre causa por obra en gasoducto
La Cámara Federal ordenó reabrir un expediente que investiga la fallida obra del Gasoducto Noreste Argentino (GNA), que en 2003 el Gobierno de Néstor Kirchner le cedió a Tecpetrol, subsidiaria del gigante siderúrgico.
La Sala II del tribunal revocó ayer el sobreseimiento que había dictado el año pasado el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi sobre los acusados. Además del ministro, Insfrán y Colombi, están imputados en el expediente los exgobernadores y actuales senadores Carlos Reutemann (Santa Fe) y Roy Nikisch (Chaco); el exmandatario de Misiones y actual diputado provincial Carlos Rovira; el exministro de Producción de Salta Víctor Manuel Brizuela, y el exdirector de Desarrollo Gasífero de Entre Ríos Horacio Colman.
La causa se originó con la firma del acuerdo federal que estipulaba la adjudicación de las obras a Tecpetrol, el 24 de noviembre de 2003, y por las actas complementarias suscriptas por el Ejecutivo nacional, los distritos y la compañía en febrero de 2004. La obra no llegó a llevarse a cabo por complicaciones en la traza del gasoducto, que debía pasar por Bolivia. Sobre esta base, el exjuez federal Jorge Urso, que recibió la denuncia, decidió archivarla.
En 2007 la Cámara Federal ordenó la primera reapertura del expediente, que entonces quedó en manos de Martínez de Giorgi. El nuevo magistrado cumplió con una serie de medidas ordenadas por el tribunal pero volvió a enviar el sumario al archivo con similares argumentos que los de su antecesor. Ambos jueces habían coincidido en que la no realización de las obras no dejaba margen para la comisión de eventuales delitos, como sí sospechaba el fiscal Federico Delgado.
En su resolución de ayer, la Sala II integrada por los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun (Eduardo Farah se encontraba de licencia) revocó el último sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi por entender que, al igual que en la anterior instancia de archivo, el magistrado «no ha avanzado en la dirección» que le habían ordenado.
El viraje obligado por la Cámara, anticiparon en Tribunales, desembocaría en una casi segura citación a declaración indagatoria de los imputados. Los camaristas reclamaron, además, profundizar la investigación en torno de «los que participaron en la firma de los instrumentos cuestionados junto a los funcionarios públicos imputados». La Sala II avaló los argumentos contra la clausura del sumario aportados por el fiscal general Germán Moldes.
Las principales objeciones al acuerdo pasan por la adjudicación a favor de Tecpetrol «omitiendo el procedimiento de licitación pública»; la posible incompatibilidad de la firma beneficiaria por el desarrollo de actividades de «producción, distribución y transporte del gas», y el «compromiso de la implementación de un mecanismo tarifario que le permita al grupo inversor obtener un retorno anual real en dólares del 12% sobre la inversión en el GNA», así como «un aporte del Estado para compensar el costo incremental de la traza para abastecer a las provincias del noreste argentino» a través de un fondo nutrido por «un cargo tarifario específico».
Según el fallo de la Cámara, el juez no avanzó en establecer «la idoneidad de los documentos cuestionados para generar consecuencias» en los planos jurídicos o administrativos, más allá de que en definitiva la obra no se ejecutó. Y agrega que si bien Martínez de Giorgi analizó el tramo del «diseño» del acuerdo omitió avanzar en el de la implementación, a partir de las posibles «consecuencias jurídicas de los compromisos» asumidos.
Los jueces le reclamaron además al magistrado de primera instancia «incorporar al proceso un informe pormenorizado sobre los actos administrativos objetivados en los expedientes allegados a la causa y las normas aplicables».
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