Con bajo perfil y en sigilo, el Gobierno nacional dio una nueva muestra de que está decidido a avanzar con el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En una causa judicial abierta en el fuero contencioso administrativo federal sobre el convenio de transferencia de los tribunales asentados en la Capital Federal, el Ejecutivo nombró a una persona encargada de la coordinación de la transferencia del dinero con que se debería financiar el pasaje a la órbita local. Por un lado, se trata de un paso administrativo que busca dejar abstracto un litigio iniciado en la época en la época en el que el kirchnerismo estaba en la Casa Rosada y Mauricio Macri comandaba la administración porteña. Pero por el otro, implica un ordenamiento para comenzar a delinear una de las fases más complejas de la transferencia que refieren al dinero necesario para solventar el funcionamiento del fuero nacional, que ahora aspira a estar bajo el control del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
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En el oficio judicial presentado ante la jueza en lo contencioso Liliana Heiland se acompañó la Resolución 920/2016 firmada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, que designa a la abogada María Claudia Gattinoni para "actuar en el marco de lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo" entre la Nación y la Ciudad. La referencia es al convenio firmado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner y el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra que dio origen a la idea inicial de la transferencia de los tribunales acompañado de los fondos respectivos. "La transferencia de competencias objeto del presente convenio se acompañará de los recursos pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2º de la Constitución Nacional, y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sentencia ese artículo.
El nombramiento de Gattinoni (responsable del Programa de Transferencia en el Ministerio de Justicia que también fue directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral) cumple con el ítem de la designación de un representante de cada una de las jurisdicciones para acordar los términos financieros.
De acuerdo con la resolución firmada por Garavano el 4 de octubre pasado su función será representar al Gobierno nacional "a los efectos de la estimación y liquidación de los importes respectivos en los términos del artículo 8° de la Ley N° 23548" de Coparticipación Federal, donde se establece la porción de recaudación que se destine a la Ciudad. En 2011, el procurador Julio Conte Grand había iniciado la demanda que se pretende dejar sin efecto para presionar al kirchnerismo para que avance en la transferencia.
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