Justicia Federal pide informe a Defensa por robo de documentos sobre ascensos

El juez federal Sebastián Ramos pidió al ministro de Defensa Oscar Aguad la designación de un funcionario idóneo para que “preste declaración testimonial el 4 de abril del año en curso, a las 10, en relación al procedimiento de desglose de fojas de los expedientes, en particular de aquellos vinculados con ascensos del personal militar”. El pedido del juez responde a la investigación de la causa CFP16735/17 caratulada “Martín Domínguez, Graciela Alejandra s/ supresión de documento y otros”, que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº2. El magistrado solicitó también a Aguad que “informe cuál es el proceso administrativo a fin de que sean ampliadas las vacantes y sea viable la proposición de un ascenso de un militar al grado inmediato superior, en el caso de oficiales superiores, específicamente de quienes detentan el cargo de vicecomodoros de la Fuerza Aérea (a partir del año 2016)”. El asunto arrancó en 2016, los damnificados son un grupo de oficiales aeronáuticos; en el grado de vicecomodoros; que peticionaban ante el Ministerio de Defensa ser reconsiderados en su ascenso al grado inmediato superior. Los expedientes de reclamo se “cajonearon” y se habrían retirado hojas probatorias de la recomendación favorable a esa promoción. Uno de ellos, el vicecomodoro Luis Caballero denunció a Alejandra Martín Domínguez, directora general de Asuntos Militares del ministerio de Defensa responsable directa de la tramitación y ahora sujeto de la pesquisa que lleva adelante el juez Ramos. El expediente del oficial aviador estaba en poder de la directora Martín Domínguez y en su denuncia Caballero afirma que la funcionaria sustrajo 13 fojas que eran determinantes para su ascenso, entre ellas la recomendación del exjefe del arma, brigadier general Mario Callejo y la opinión favorable del anterior ministro de Defensa, Julio Martínez quien había elaborado el proyecto de decreto de ascenso incluyendo en él a Caballero y otro reclamante, el vicecomodoro Daniel Núñez. El denunciante; que ratificó la denuncia el martes pasado; sostuvo que es justamente ése desglose de 13 fojas el causante del perjuicio en su carrera porque allí estaban las constancias de opiniones favorables a su ascenso y que además Martín Domínguez torció la opinión positiva de las autoridades con su propia evaluación sustentada en el faltante de esos antecedentes. La Sala 2 de la Cámara Federal integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia re orientaron la investigación de Ramos en ése rumbo: “No surge del legajo por cuenta de quien se adoptó la medida ni las razones que se tuvieron para ello. Lo expuesto guarda relevancia si se repara que dicho legajo era parte de los antecedentes que se tendrían en cuenta para la reconsideración dispuesta por única vez por las nuevas autoridades en torno a aquellos casos individuales de oficiales, que como Caballero, pese haber sido en alguna oportunidad propuestos por la Fuerza Aérea, no habían sido incluidos en los decretos que el Poder Ejecutivo dictó para efectivizar sus ascensos” dijeron en su escrito de revocación de desestimación de la denuncia resuelta por la primera instancia.

En marzo del año pasado el juez Ramos ordenó dos allanamientos a las instalaciones del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina que comanda el brigadier general Enrique Amrein, en busca de datos que permitiesen reconstruir la información faltante del legajo personal. En un memorando interno (acompañado en la denuncia como prueba documental) dirigido al subsecretario de Política Militar, Hugo Pierri, la propia funcionaria denunciada confirma haber “desglosado” 13 fojas y que “dicho desglose respondió a las instrucciones emanadas de anteriores gestiones de este Ministerio (n.r. en alusión a Nilda Garré y Agustín Rossi), habiendo sido resguardadas en el archivo de este Organismo según fuera de práctica”. Martín Domínguez ingresó al ministerio como contratada en 2009 durante la gestión de Garré. Desde esa posición administrativa cumplió la “limpieza ideológica” de uniformados de las tres fuerzas en condiciones de ascender que tuviesen algún tipo de vinculación familiar con militares procesados por delitos contra los derechos humanos.

La iniciativa de castigo a los “portadores de apellido” se fundamentó en la Resolución Nº 1581 firmada por Garré. El gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2018 declaró “ilegítima y nula” aquella disposición. Aguad a través de la resolución Nº 1414/18 dejó sin efecto la resolución de Garré y estableció una indemnización para el personal militar afectado que por el paso del tiempo estaba en retiro y además fijó una compensación en dinero de la “diferencia de los haberes que les hubiera correspondido percibir hasta el dictado de la presente”. En la maraña burocrática quedaron otros casos pendientes no vinculados con la portación de apellido como el reclamo del vicecomodoro Caballero o los de Héctor Priotti y Luis Plano. Estos últimos demorados en su ascenso por denuncias de género que se comprobaron falsas y con una mora de 4 años en obtener respuesta oficial.