Kirchnerismo arma maratón de leyes antes de perder mayoría

Agustín Rossi

La llegada al Congreso del proyecto de la ley oficial de medios audiovisuales modificó la agenda de debates que tenía prevista el kirchnerismo, pero sólo en lo que respecta a esa norma. Por lo demás, el oficialismo ya tiene decidido no avanzar con ninguna otra sesión hasta que se debata el Presupuesto nacional 2010. No es una cuestión de capricho: el kirchnerismo decidió concentrar la presión para conseguir la aprobación de los temas pendientes en una sola sesión antes del 10 de diciembre ante el temor de no poder negociar acuerdos en cada ley a votar. A partir de ese día, el kirchnerismo quedará a merced del resto de la oposición que, unida, será mayoría en Diputados y pondrá en peligro al Senado.

Así, además del debate de la ley de medios audiovisuales, el Congreso deberá prepararse para discutir, antes del 10 de diciembre, como pretende el Gobierno, la ley de Presupuesto 2010, la prórroga de la vigencia de los impuestos que vencen el 31 de diciembre, la Ley de Emergencia Pública, la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera con la que la Casa Rosada quiere «autolimitarse» en el uso de los superpoderes, hasta una modificación a la ley del Monotributo y, quizás, también a la Ley de Responsabilidad Fiscal para liberar a las provincias de sus límites de endeudamiento.

El Presupuesto 2010 debe arribar al Congreso el 15 de setiembre, y para llegar a tiempo a que el Senado también lo apruebe antes del 10 de diciembre, Diputados deberá comenzar el debate a lo sumo en la primera semana de noviembre. Agustín Rossi, el presidente del bloque kirchnerista, prometió que ése será el momento de discutir nuevamente las retenciones a las exportaciones de granos, cuando se discuta sobre la proyección de ingresos para el año próximo. La oposición le tomó la palabra y complicará el debate también en el Senado, a pesar de que allí Miguel Pichetto no haya hablado del asunto.

Ese mismo día, el Gobierno quiere solucionar la prórroga del Impuesto a las Ganancias, al cheque, el especial sobre el precio de cigarrillos, parte de Bienes Personales, del Monotributo y la aplicación de ganancias sobre reintegros a las exportaciones. Es impensable que el Congreso deje caer la vigencia del equivalente al 40% de la recaudación nacional, pero en medio de una crisis de financiamiento en las provincias, será el momento para que los gobernadores aprieten a la Casa Rosada para aumentar la coparticipación de algunos de esos tributos, en especial el impuesto al cheque.

A esa lista se sumó desde ayer un anuncio de Amado Boudou: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que modifica el régimen de Monotributo. La AFIP busca elevar los montos de facturación máxima permitida para estar en el régimen, modificando también las categorías y subiendo los aportes que pagan los inscriptos por el componente impositivo del sistema.

Pero sin duda, el tema más duro por tratar será una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Pública. Si Cristina de Kirchner hubiera ganado en las elecciones legislativas, el Gobierno podría haberse dado el lujo de no prorrogar una vez más la vigencia de esa ley. Pero con un Congreso adverso, el oficialismo se prepara para intentarlo por otro año más y debe hacerlo antes del 10 de diciembre; después será imposible que lo consiga.

En cuanto a los argumentos legales para defender otra prórroga de esta Emergencia Pública, que rige desde 2002, cuando Eduardo Duhalde la usó para salir de la convertibilidad, entre otras cosas, el Gobierno tiene pocas chances. En primer lugar, la Constitución establece como premisa básica que la delegación de facultades debe hacerse por tiempo determinado, es decir, con fecha de vencimiento clara. Y en materias restringidas y concretas. Esas condiciones ya se sobrepasaron con creces: los Kirchner siempre gobernaron bajo los poderes especiales que les da esa ley, por ejemplo, también para renegociar tarifas y contratos con empresas de servicios públicos privatizadas.