Kirchnerismo preso de la historia en guerra de DNU

La oposición avanzará desde hoy en el Congreso en el intento por derogar los dos decretos de necesidad y urgencia con que Cristina de Kirchner creó el Fondo del Bicentenario y dispuso y la remoción de Martín Redrado. Intentará que las cámaras sesionen durante el verano a pesar de no haber sido convocadas por el Poder Ejecutivo. El kirchnerismo se resiste alegando que esas sesiones serían inconstitucionales, pero la historia le juega el contra: un antecedente del peronismo en 2001 no sostiene lo mismo que ahora pretende hacer valer el oficialismo.

De todas formas, desde la oposición se rechazó ayer que exista algún intento de convocatoria a sesionar en términos estrictos para debatir alguna ley, pero sí para emitir resoluciones aceptando o rechazando los dos decretos de necesidad y urgencia de la polémica.

Para este último caso, la Constitución nacional y la Ley 26.122, que se sancionó en 2006 por un proyecto de Cristina de Kirchner para reglamentar el funcionamiento de la Comisión Bicameral que debe controlar los decretos de necesidad y urgencia, establecen que esos DNU deben tratarse en el Congreso inmediatamente. Una interpretación extensiva indicaría que los decretos, entonces, están fuera de las limitaciones que impone la propia Constitución al Congreso al establecer que puede sesionar sin restricciones entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, y fuera de ese plazo por prórroga de ordinarias o convocatoria a extraordinarias siempre que lo decida el Poder Ejecutivo. Pero en el radicalismo se analiza la cuestión desde otro punto de vista: cuando el Congreso se expide sobre un decreto, lo hace mediante una resolución, no una ley, por lo que nada indica que esté dentro de esas restricciones.

«El Congreso, desde toda la vida, ha podido reunirse para asuntos que son de su propia competencia», decía ayer un experto del Senado en el manejo parlamentario. Por lo tanto, las cámaras no necesitarían ninguna habilitación especial para decidir sobre el futuro de los DNU en pugna.

No es lo que opina el kirchnerismo, aunque la historia en este caso esté en su contra. Fue precisamente Jorge Yoma en 2001, ahora diputado pero en ese momento senador, quien quiso demostrar en un proyecto de resolución, firmado junto con el ahora gobernador de San Juan José Luis Gioja, que finalmente se aprobó en el recinto del Senado que mediante una reinterpretación del ar- tículo 63 de la Constitución nacional podría aseverarse que el Congreso tenía la capacidad de autoconvocarse para prorrogar ordinarias o para llamar a extraordinarias.

En ese momento, los días finales del Gobierno de la Alianza, Fernando de la Rúa había convocado y luego prorrogado las sesiones extraordinarias hasta el 20 de diciembre, precisamente la fecha en que terminó renunciando.

Antes de ese momento, el peronismo había avanzado con la idea de continuar sesionando durante todo el verano en medio de la crisis aunque el presidente de la Nación no lo habilitara.

La autoconvocatoria finalmente no llegó a surtir efecto, ya que la debacle del Gobierno precipitó el proceso y el Congreso continuó finalmente sus sesiones, pero sin De la Rúa en la Casa Rosada.