La Argentina, segunda en coimas Siemens

La empresa alemana Siemens cerró ayer un largo período de negociaciones con las autoridades de su país y de Estados Unidos, con quienes acordó pagar casi 1.000 millones de euros en multas por el escándalo de pagos de sobornos en el extranjero a cambio de contratos. A pesar de que esta etapa ha terminado, en Estados Unidos continúan las investigaciones sobre los presuntos responsables, que apuntan en especial al ex presidente de la compañía, Heinrich von Pierer. El antiguo CEO está acusado de haber conocido desde 2001 el sistema de «cajas negras» utilizado para pagos ilegales, así como de haber estado involucrado en el presunto pago de coimas en 2002 para reavivar el contrato por la digitalización del sistema de documentos de identidad en la Argentina (DNI). La causa por la presunta licitación fraudulenta, obtenida en 1998 y rescindida en 2001, está a cargo del juez Ariel Lijo. Según la Comisión de Seguridad y Comercio (SEC) de Estados Unidos, el caso argentino es el segundo pago más grande que habría realizado la empresa, estimado en 40 millones de dólares por supuestos sobornos. Serían a cambio de contratos con los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde por la confección de DNI.

Avance

En la Argentina, después de un año de inmovilidad y falta de elementos, finalmente empezó a avanzar este año a fuerza de tracción extranjera. Los testimonios y pruebas aportados en los juicios de Munich reactivaron una causa perdida en los pasillos de Comodoro Py. Una invitación para viajar a Alemania y acceder a las pruebas del caso llegó de sorpresa y contra todos los pronósticos (había que esperar a que finalizara la causa allá). Ahora habrá que esperar hasta abril, cuando el juez Ariel Lijo viaje y recolecte pruebas para la investigación local.
El grupo tecnológico (junto a tres subsidiarias extranjeras) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de los cargos de eludir conscientemente, no mantener controles internos adecuados y violar las disposiciones en materia de libros y registros contables de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por los que pagará una sanción económica de 600 millones de euros (800 millones de dólares aproximadamente). De esa suma, 450 millones fueron impuestos por el Departamento de Justicia para poner fin a los cargos, y otros 350 millones por la SEC. Siemens también abonará otros 395 millones de euros en Alemania (además de los 201 millones de euros que la empresa ya pagó en multas el año pasado), de acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía de Munich para poner fin al proceso legal.
La empresa, además, contratará como parte del acuerdo a Theo Waigel, ex ministro de Finanzas de Alemania, como observador de cumplimiento (compliance monitor) para evaluar y reportar sobre el progreso de la compañía en lo que respecta a la implementación y operación de sus nuevos programas de cumplimiento. Waigel, recomendado por Siemens, será el primer ciudadano no estadounidense que actuará como observador de cumplimiento.

Satisfacción

El presidente del Consejo de Vigilancia de Siemens, Gerhard Cromme, destacó ayer la satisfacción de la compañía porque «los enormes esfuerzos realizados durante los dos últimos años en todos los niveles de la empresa hayan culminado en una solución rápida, exitosa y simultánea en ambos países». La multa fijada no sorprendió para nada al grupo, que había acumulado reservas en noviembre pasado por unos 1.000 millones de euros, precisamente.
Testimonios presentados a principios de este año durante el juicio alemán implicaron a Von Pierer en el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en 2002 para revitalizar el contrato por la digitalización de los documentos de identidad, que había sido dado de baja durante el Gobierno de la Alianza. La presunta negociación no avanzó, y finalmente la empresa demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano dependiente del Banco Mundial, por la rescisión del contrato. El ex CEO también está acusado de haber conocido desde 2001 la existencia de cuentas fiduciarias en Suiza, desde las que se hacían transferencias ilegales, otro de los datos fundamentales que surgió durante el último juicio alemán.
Según el informe de la SEC, el sistema de «cajas negras» de Siemens pagó contratos en países como Rusia, China, Israel, México, Nigeria, Vietnam, Venezuela, además de la Argentina. También implicó a más de 300 empleados y ex empleados de Siemens, investigados por el presunto pago de 1.300 millones de euros (u$s 1.900 millones) a funcionarios y miembros de gobiernos extranjeros para conseguir o acelerar contratos. Por eso, la historia de los sobornos tiene todavía un largo camino por delante en las investigaciones de los distintos países supuestamente implicados en esos pagos ilegales.