Lentamente, desde hoy, los teléfonos volverán a sonar en el Palacio de Hacienda. Las llamadas serán provenientes de Washington y marcarán que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá al trabajo, luego de las tradicionales vacaciones de fin de año de los funcionarios del organismo. Los interlocutores de Buenos Aires están preparados, y dispuestos a acelerar el intercambio final de información sobre el cierre del ejercicio 2022; con la confianza plena dentro del equipo de Sergio Massa que las metas pactadas para el primer año de vigencia del Facilidades Extendidas se cumplieron. Y que, en lo posible, durante la primera reunión de 2023 del board del organismo (encuentro previsto para la última semana de enero), el caso argentino será tratado positivamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos pactados para el ejercicio pasado. Si esto así ocurriera, y si el país tuviera el aprobado que se espera desde Economía antes de que termine el mes o durante la primera quincena de febrero; será el tiempo para comenzar a pensar en lo realmente importante para Buenos Aires: los lineamientos generales del 2023. No tanto en las metas, ya que para el organismo son innegociables. Pero sí en los objetivos generales del acuerdo; y, algo más allá, en la ayuda que Argentina espera desde el FMI por las consecuencias en la economía real de la crisis desatada por la invasión de Rusia a Ucrania.
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