La CGT de Caló aguarda del Gobierno un alivio en las cuentas de las obras sociales

Antonio Caló, Liliana Korenfeld y José Luis Lingeri

La CGT oficialista se llevó por primera vez una definición concreta de una reunión con el Gobierno. Se trata de la promesa de poner en ejecución, el viernes de la semana que viene, un padrón con los afiliados a obras sociales sindicales que padecen una discapacidad y que deben recibir tratamientos de por vida. El compromiso, de entrar en vigor, aliviaría las cuentas de las organizaciones de salud que, según sus gestores, atraviesan numerosos inconvenientes de financiamiento.

El anuncio llegó durante una reunión que la denominada "mesa chica" de la central afín al Gobierno mantuvo con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. Y que los dirigentes transmitieron más tarde en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en un encuentro que encabezó Antonio Caló con el dueño de casa, Andrés Rodríguez, y José Luis Lingeri, entre otros.

Del paquete de reclamos que los sindicalistas le habían transmitido a Korenfeld días atrás, la funcionaria asumió compromisos por el menos costoso. Dijo que el 7 de junio pondrá en marcha un padrón que implicará el reembolso automático de los valores pagados por las obras sociales por los tratamientos que les brindan a sus afiliados discapacitados. Hasta ahora, el reintegro de ese dinero entra en la misma cola de expedientes que tramitan en la Superintendencia (SSS) y que, según los sindicalistas, registran meses de demora para ser saldados.

La promesa no terminó de conformar a los dirigidos por Caló. La cúpula de la CGT oficialista aportó el sábado último afiliados para el acto en la Plaza de Mayo organizado por el Gobierno para celebrar los diez años de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Incluso, cuando la mayoría de ellos manifestó desilusión por el ajuste en las asignaciones familiares anunciado por Cristina de Kirchner el miércoles anterior.

Korenfeld no fue más allá. Dejó para más adelante un reclamo que, como anticipó este diario, implicaría el desembolso hasta fin de año de $ 3.000 millones de pesos que el Estado recauda de las obras sociales sindicales y que los dirigentes pretenden sean devueltos al sistema. El eje es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del 15% de la recaudación de las obras sociales y que debería destinarse a la cobertura de tratamientos médicos de alta complejidad.

En la actualidad, el FSR acumula 16 mil millones de pesos y se calcula que hacia fin de año habrá superado los 19 mil millones de pesos. Esa diferencia entre ambas cifras es la que los gremialistas reclaman que se aplique a sus organizaciones de salud. En concreto, demandan cubrir con esos recursos una multiplicación por cuatro del aporte de monotributistas, jubilados y empleadas domésticas afiliadas a las obras sociales.

Según los dirigentes, esos tres grupos aportan un promedio de 100 pesos para la misma cobertura de salud por la cual los trabajadores afiliados a las obras sociales pagan 450 pesos.

La otra demanda apunta al Subsidio Automático Nominativo (SANO). Es un ítem que, con el financiamiento del mismo FSR, cubre los valores mínimos del Programa Médico Obligatorio para los trabajadores que cuentan con salarios inferiores al promedio. En este caso, el pedido es llevarlo de !00 pesos a 300 pesos.