La Ciudad insiste en ver a Cristina

Alejandro Ramos

Ni el tono conciliador de la propia Presidente, ni las cartas, ni el pedido público ayer del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, hicieron girar la posición del Gobierno porteño que rechaza tomar a su cargo el control de la concesión de los subtes y los colectivos que transitan dentro de los límites del distrito.

Por un lado, lo manifestó la vicejefa María Eugenia Vidal en ese sentido, cuando la Ciudad busca alguna victoria en el conflicto.

De acuerdo con la vice, la solución vendría si se concreta una foto entre Cristina de Kirchner y Mauricio Macri, pero por cierto el Gobierno porteño también quiere, como poco, avales para contraer una nueva deuda para volcar a obras, que asegura la Nación no cumplió en el transporte.

Lo cierto es que dentro del Gobierno porteño son varios y de diferente rango los funcionarios que sostienen por lo bajo que es hora de encontrar un atajo para salir del conflicto. Saben que la vía judicial complica incluso a Mauricio Macri, porque no solamente firmó un acta tomando a su cargo el control y la fiscalización de los subtes, sino que también firmó un decreto propio donde ratifica esa responsabilidad, cuando dispuso aumentar el pasaje.

Otro caso, creen, es el de los colectivos. Sin subsidio, la Ciudad aumentaría también el boleto, como hizo en el subte, pero así habría tarifas diferentes dentro de la Capital Federal, inclusive con micros que comparten parte de su recorrido si unos circulan sólo por el distrito y otros pasan la frontera.

Por eso, el titular de la estatal porteña de subtes SBASE, Juan Pablo Piccardo, se ocupa de la negociación de esa rama del transporte, como aludió ayer Ramos, mientras que el secretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich, estudia el tema colectivos.

Tras la conferencia de prensa de Ramos, Vidal envió un comunicado en el que valoró el pedido de retomar el diálogo, pero dijo que «lo que hay que resolver sobre el traspaso del subte no es una cuestión técnica sino política, que debe acordarse entre quienes fueron elegidos por la gente: la Presidente de la Nación y el jefe de Gobierno de la Ciudad».

«No se trata de ejecutar la ley que sancionó el Congreso, sino de acordar un traspaso como marca la Constitución nacional, con recursos que garanticen que la gente viaje mejor y con la aprobación de la Legislatura porteña», concluyó Vidal.

Ante las radios, la funcionaria agregó que la otra posibilidad «será la vía judicial».