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La Corte dice que las reformas judiciales son inaplicables
El máximo tribunal objetó el funcionamiento del concurso público para el ingreso a cargos del Poder Judicial y también observó
artículos de la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos de los tres poderes y la publicidad de las sentencias judiciales en internet, tres leyes que habían sido parte del proyecto general de la Casa Rosada, pero que no habían recibido mayores críticas de la oposición ni de organizaciones del área.
A través de una serie de acordadas, los jueces indicaron que la Ley 26.861, referida al concurso público para el ingreso a cargos letrados y de empleados de maestranza, "no resulta aplicable en el ámbito de esta Corte", e invitó a sectores "pertenecientes al empleo y la función pública del Poder Ejecutivo; al Congreso de la Nación y el Ministerio Público" a construir una "comisión interpoderes" para colaborar en la instrumentación del mecanismo de selección de personal.
La Corte se resiste a administrar las designaciones de personal, pero sí está pidiendo celeridad en establecer los mecanismos que se utilizarán, teniendo en cuenta que podrían generar una parálisis judicial.
La Corte, que en junio pasado había declarado la inconstitucionalidad de la nueva regulación del Consejo de la Magistratura, consideró ahora inaplicable el nuevo reglamento ya que "la totalidad de los funcionarios y empleados" a su cargo está "excluida del régimen contemplado en la citada ley".
A su vez, respecto a la Ley 26.856, que prevé la publicación en un sitio digital de todas las sentencias de Cámara, la Corte dispuso que éstas sean publicadas mediante el Sistema Informático de Gestión Judicial.
No obstante, en la Corte aseguraron que los objetivos centrales de la norma "se encuentran ya cumplidos", y recordaron que mediante la acordada 14/2013 del mismo tribunal se estableció la obligación de publicación de sentencias a través del Sistema Informático de Gestión Judicial y al cual se accederá a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
En una tercera acordada, los jueces se expidieron sobre la Ley 26.857, que sanciona una nueva regulación sobre el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos de los tres poderes.
El tribunal aclaró que dicha ley se condice con los "principios de transparencia que aplica la Corte Suprema" y declaró "inaplicable" el artículo 6 de la norma que "instituye a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación".
En consecuencia, los jueces establecieron como autoridad responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de ese Tribunal a la Secretaría General y de Administración de la Corte Suprema.
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