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La Corte mira de lejos las causas electorales
LLEGARON RECURSOS DE LA OPOSICIÓN POR LEMAS EN SANTA CRUZ Y ELECCIONES DE TUCUMÁN. MAÑANA, CUMBRE DE JUECES
Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó
Santa Cruz aparece en la Corte como un caso similar al de Tucumán y, por fuera de cualquier geografía, la polémica sobre la ley de subrogancias votada por el Congreso, pero que tiene su origen en la designación de Laureano Durán como subrogante en el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, el distrito más taquillero de la pelea por la presidencia.
El máximo tribunal ha decidido observar a lo lejos esos conflictos, por lo menos hasta las elecciones. De hecho, las postales de belicosidad que llegan hasta el cuarto piso desde los tribunales tucumanos no son bien percibidas, menos en un momento de decisiones trascendentes donde los magistrados están más cerca de las tensiones políticas que de los procedimientos y la jurisprudencia. Salvando las distancias, Ricardo Lorenzetti nunca ha avalado esa práctica reciente de algunos exponentes de la magistratura de organizar marchas ante diversos acontecimientos.
La Corte se repliega ante la necesidad de interpretar cuál es su futuro inmediato, después de las elecciones. En esa dirección van las últimas resoluciones que están más enfocadas en cuestiones de fondo que en circunstancias políticas. Debates sobre derechos gremiales, cuestiones empresarias (como el mercado de la energía y el acceso a divisas) y asuntos originarios entre provincias dominan la agenda de un tribunal cuya naturaleza y composición está directamente atada al resultado electoral.
Recién el pasado jueves la Corte cerró el capítulo de la pelea entre Gustavo Béliz y el espía Antonio "Jaime" Stiuso cuando confirmó la exoneración del exministro por haber mostrado la imagen del entonces jefe de la SIDE en televisión abierta. El fallo fue en sintonía con el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Firmaron los cuatro ministros.
En cuanto a los avatares electorales ahora desde la calle Talcahuano el foco está puesto en mañana, cuando se reúnan todos los jueces electorales para discutir sobre los recaudos necesarios ante el próximo turno electoral.
Respecto de este cónclave llamaba la atención anoche en la Corte que la Cámara Electoral hubiese despachado notificaciones a jueces de dicha competencia requiriendo mayores controles respecto de los votantes que pudieran aparecer con documentos truchos en las mesas de votación. Un giro que confirma lo enrarecido del ambiente porque la falsificación de un DNI antes que un delito electoral es un delito penal federal.
La Corte nunca se expidió sobre causas referidas a ley de lemas. Esto en parte gracias a la jurisprudencia que dice que el tribunal no interviene en cuestiones de derecho público provincial. Un argumento consolidado que les da aire a los justices para llegar hasta las elecciones sin una presión significativa respecto de ese resultado. Obviamente, esto no implica que ese debate no vuelva a reaparecer en el mediano plazo y que, llegado el momento, sirva como un contrapeso conveniente ante la segura decisión de no intervenir en el vendaval tucumano.

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