La Corte promete ley de medios en una semana

Ricardo Lorenzetti, Alejandra Gils Carbó

La relación con el Gobierno, los efectos de la conferencia de Ricardo Echegaray y diversas tácticas para tiempos turbulentos dominaron la sesión de acuerdo ayer en la Corte Suprema de Justicia. Hasta hace algunos meses ámbito de análisis jurídico, ahora la política se ha instalado en estos encuentros como ciencia (o arte, desde la perspectiva aristotélica) elemental. Ricardo Lorenzetti amplió los comentarios intercambiados el lunes a la noche y su posición se vio fortalecida entre los ministros. Con seis firmas (faltó la de Carlos Fayt) el tribunal corrió traslado al despacho de Alejandra Gils Carbó para que la procuradora se expida sobre la causa por la ley de medios. Los tiempos cobran fuerza a la hora de las interpretaciones. Los jueces supremos atraviesan los últimos días antes de la feria invernal con la posibilidad de rubricar tres expedientes sensibles para Balcarce 50.

El máximo tribunal mantendrá silencio. No habrá nuevas menciones públicas al contencioso con la AFIP. Las declaraciones de Echegaray sobre su relación con la Corte, dominadas por datos sobre participaciones societarias y adquisición de inmuebles, confirmaron ayer la sospecha instalada por Lorenzetti de que han sido investigados tanto él como sus hijos.

No faltó una mención al caso del director general de Administración de la Corte, Héctor Marchi, quien concurrió a un encuentro con funcionarios de la AFIP la semana pasada en el cual le dijeron, ante la queja de haber sido investigado sin requerimientos formales, que la pericia no sólo no era de carácter impositivo, sino también que se había instrumentado desde Buenos Aires y no en la agencia de Rafaela.

Se aplazaron resoluciones que habrían traído nuevos dolores de cabeza al oficialismo, como es el caso de las designaciones de fiscales sin acuerdo del Senado nombrados por Gils Carbó o el fallo en la causa por la presunta nulidad del decreto que expropiara el predio ferial de La Rural. Para los ministros habría sido poco sutil emitir estos fallos a menos de 24 horas del discurso de Echegaray. Lo mismo que ocurriera con el fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial por la ley de medios. Esa resolución estaba lista para conocerse al día siguiente de que Cristina de Kirchner lanzara el paquete de leyes de reforma judicial. Un oficio de urgencia logró demorar lo que habría sido leído como una declaración de guerra.

Justamente, la próxima semana, la Corte ya estará en condiciones de resolver la cuestión de fondo. Un procedimiento que comenzó la semana pasada, en forma silenciosa, cuando los abogados del Estado y de Clarín enviaron sus descargos.

Los secretarios letrados de la Corte leyeron estos documentos y si bien precisaron que la performance del kirchnerismo mejoró respecto de la incursión en la Cámara, todavía se inclinan por el fallo que rubricaron Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni.

Escrito salomónico en su letra, pero favorable a Clarín en la música ya que preserva los negocios más rentables de la empresa. Los conceptos de separación de poderes y las nociones de propiedad privada concebidas por los camaristas tienen buena imagen en las vocalías, especialmente en la de Carlos Fayt, donde desde hace algunas semanas atiende el hijo de De las Carreras. El Poder Judicial es un mundo pequeño.

En el tribunal dan por descontado que el dictamen de Gils Carbó será favorable al oficialismo.

Los abogados de la Procuración del Tesoro y del AFSCA tenían anoche una percepción negativa del fallo. Entienden que es probable que Eugenio Zaffaroni termine votando en soledad con un resultado similar al de la causa por la reforma judicial. Viaje en el tiempo: en diciembre había tres ministros que estaban dispuestos a aplicar la ley de medios.

Por esos días, Juan Carlos Maqueda no protagonizaba expedientes por supuestas amenazas, Lorenzetti no vivía duelos con Echegaray y Fayt no era mencionado en los discursos presidenciales. El fallo llegará antes de la feria invernal (anoche circulaba como fecha el 11 de julio, siempre y cuando no se demore la contestación de la procuradora que en teoría tiene cinco días para responder). Luego Zaffaroni ocupará la presidencia interina de la Corte.