27 de julio 2009 - 00:00

La Corte puede modificar con un fallo el Consejo de jueces

Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti
La actual ley que rige el Consejo de la Magistratura tiene dos vías de resolución: o se reforma una vez más en el Congreso o se espera a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre algunas de las presentaciones que piden la inconstitucionalidad de los cambios introducidos en 2006.

Según el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, éstos son los únicos dos caminos posibles para resolver la discusión que explotó durante las últimas semanas respecto del funcionamiento del organismo. «Todos los sectores piden la reforma, menos el oficialismo. Las modificaciones van a suceder inexorablemente después del 10 de diciembre, ¿para qué esperar hasta entonces?», señaló el camarista tratando de apurar los términos del debate.

Recondo agregó también que lo único que se tiene que definir es por cuál vía se va a optar y en qué momento se van a producir estas modificaciones, pero, para él, la reforma del Consejo de la Magistratura es prácticamente un hecho. El titular de la Asociación de Magistrados es uno de los principales críticos de la reforma impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner en 2006, que redujo el número de miembros de 20 a 13, y eliminó la participación de la Corte Suprema en el cuerpo. Estas modificaciones, planteadas con el objetivo de convertir el Consejo en un cuerpo más ágil y transparente, también le dieron la capacidad de veto al oficialismo, con cinco consejeros sobre el total.

La Ley 26.080, que introdujo estos cambios, fue criticada de manera sistemática, tanto por los jueces, como por los abogados y la oposición. Recondo fue uno de los promotores principales de esta postura y, según destaca, durante estos años se reunió con todos los sectores para discutir el tema. «El único que no nos recibió fue el oficialismo», resaltó y agregó: «Siempre hemos querido dialogar, teniendo en cuenta las intenciones, porque si es para la foto, no sirve. Esto es gatopardismo puro».

En este marco, también discutió sobre una posible nueva reforma del Consejo con todos los ministros de la Corte Suprema, en especial con su presidente, Ricardo Lorenzetti, con quien tiene entrevistas casi semanales. La última fue la semana pasada, en la que -por supuesto- se habló sobre el Consejo, aunque el camarista no precisó más.

Si bien es conocida la postura crítica del máximo tribunal respecto de la actual conformación y funcionamiento del organismo que juzga a los jueces, los ministros habían evitado pronunciarse sobre la cuestión hasta ahora. Casos no faltan: hoy tramitan en la Corte varias presentaciones que piden se declare la inconstitucionalidad de la reforma de 2006, mientras que en el país existen por lo menos 10 amparos que solicitan exactamente lo mismo. Los últimos dos llegaron al máximo tribunal a mediados de junio pasado y fueron presentados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y, el segundo, por cuatro abogados, encabezados por los presidentes de la FACA, Carlos Andreucci, y del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Auge.

Esta vía legal, bastante improbable hasta hace unas semanas, cada vez resuena más en los pasillos de tribunales. La Corte intervendría una vez más, adoptando una posición «legisladora» a la que es bastante asidua, como ha demostrado en casos como el reajuste de los haberes previsionales o cuando le ordenó a la Cámara de Diputados que le tomara juramento al legislador electo Luis Patti. Si el máximo tribunal hiciera lugar al amparo y dictara la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, se tendría que volver a la formación original del organismo y, recién ahí, empezar a discutir en el Congreso una nueva reforma.

En este sentido, Recondo subrayó que lo importante es que «hay que reformar la ley actual. Cómo se estructuren los cambios o las diferencias entre los proyectos de cada sector, todo es opinable. Pero lo esencial es acordar en la necesidad de modificar el estado actual del Consejo. Tomar esa decisión política y legislativa, porque si no, el oficialismo va a tomar esos desacuerdos como excusa para no avanzar».

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