La Corte sigue el juicio a Garzón, pero su doble patrón quedó al desnudo

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Madrid - El juez Baltasar Garzón negó ayer haber actuado por razones políticas al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.

«Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya, pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal», afirmó el magistrado en su declaración de ayer ante el Tribunal Supremo español.

En medio de una gran expectativa, Garzón comenzó a declarar ante el más alto tribunal, que lo juzga por un delito de prevaricato por haberse declarado competente en 2008 para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, en la transición a la democracia.

La Corte rechazó la petición para declarar nula la causa que formularon la defensa del magistrado y la Fiscalía, que ejerce Luis Navajas.

El juez español más famoso en el mundo desde que en 1998 dictara una orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet negó que la investigación sobre los crímenes del franquismo vulnerara la Ley de Amnistía.

Dicha norma -sostuvo- atañe a delitos políticos, mientras que la investigación que intentó realizar se refería a «hechos delictivos», no políticos, en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Explicó que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un «plan preconcebido» y «sistemático» de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de los crímenes contra la humanidad.

Hechos similares a los registrados entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa, según Garzón, que recordó que otros jueces de la Audiencia Nacional española, como Ismael Moreno, investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.

Garzón explicó que al declararse competente tuvo en cuenta los convenios internacionales y la doctrina que el propio Tribunal Supremo español estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en la Argentina.

Sostuvo además que dichos delitos no prescribieron al tratarse de desapariciones y ejecuciones permanentes, cuyos efectos persisten mientras no aparezca la víctima.

El juez sólo admitió preguntas de su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, y rechazó responder a la acción popular «al considerar que no está legitimada para estar en esta sala ejerciendo la acusación».

Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, por las que se sienta en el banquillo de los acusados y afronta la petición de hasta 20 años de inhabilitación.

El juicio se desarrolla en medio de una fuerte polémica, con la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y de medios de comunicación internacionales.

El magistrado fue arropado por un centenar de personas concentradas frente a las puertas del Tribunal Supremo, convocadas por la plataforma «Solidarios con Garzón», que lo recibieron con vítores y gritos de apoyo como «Garzón, amigo, el pueblo está contigo», «Hay que juzgar a los jueces franquistas» o «No vais a juzgar, vais a prevaricar» (emitir un fallo a sabiendas de su carácter ilegal).

Varios compañeros de Garzón en la Audiencia Nacional española acudieron al Tribunal Supremo para mostrarle su respaldo, como ya hicieron la semana pasada.

El juicio continuará hoy con la declaración de tres testigos propuestos por la defensa, que representan a varias asociaciones de Memoria Histórica.

El magistrado tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por haber ordenado escuchas a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.

Agencias EFE, AFP y DPA

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