Caracas - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó ayer a los órganos que integran el Consejo Moral Republicano iniciar una investigación para determinar "la responsabilidad penal individual" de los 106 diputados opositores por "conspiración para destruir la forma republicana que se dio la nación".
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Asimismo solicitó que sean investigados por la presunta "usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución".
La decisión está contemplada en el último fallo de la Sala Constitucional que ratificó que el presidente Nicolás Maduro está en pleno ejercicio de sus funciones y declaró nulo el acuerdo de "abandono de cargo" que aprobó a comienzos de año la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.
De acuerdo con la sentencia, el delito por el cual serán investigados los parlamentarios que integran el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está tipificado en el artículo 132 del Código Penal que establece que quien "incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses".
Según el máximo ente judicial la "clara, manifiesta y abierta rebeldía" de los parlamentarios opositores busca "alterar la estabilidad de la Nación".
Además aclaró que el "abandono de cargo", una figura establecida en la Constitución, requieren tres elementos, que son "la voluntad de dejar el cargo de Presidente de la República, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva".
La oposición reactivó en enero las protestas de calle para exigir "elecciones ya", aunque mientras algunos de sus voceros piden comicios generales otros exigen presidenciales o regionales.
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