La crisis global establece un techo para las expectativas

La presidente Cristina de Kirchner provocó beneplácito entre los empresarios con sus definiciones en la última Conferencia Industrial. Allí buscó poner freno a las acciones sindicales descontroladas y a la pretensión de una ley que asegure la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Muchas de las dudas que tenían los empresarios comenzaron a despejarse, al menos en teoría, con el discurso que dio la presidente Cristina de Kirchner el pasado 22 de noviembre en la Conferencia Industrial que organizó la Unión Industrial Argentina.

Allí la Presidente dio definiciones fuertes sobre temas que preocupan a todo el empresariado (y no sólo a los industriales). Vale recordar las más importantes: 

Puso coto a la acción sindical desbocada de los camioneros -que, vale decirlo, venía convalidada desde el mismo Gobierno- como los bloqueos a las puertas de fábricas y centros de distribución para quedarse con fichas de afiliación a otros sindicatos. 

Dio por muerta cualquier intención gremial de «participación en las ganancias», algo visto por los empresarios como un eufemismo que ocultaba la intención de ser parte de las conducción de las compañías, tanto es así que el proyecto del diputado y abogado de la CGT Héctor Recalde pedía para los sindicatos la facultad de revisar y vetar balances, aún cuando los mismos ya hubieran sido aprobados por la AFIP y la IGJ. 

Anunció que no se limitarán las remesas de utilidades al exterior, aliviando las tensiones no sólo sobre esta posibilidad inquietante sino también -en parte al menos- sobre el mercado cambiario.

Los empresarios aplaudieron las definiciones. Desde ese día se sentaron a esperar que se concreten en la realidad.

Muchos en el campo empresario interpretaron esos dichos, junto con los anuncios de recortes y eliminación de subsidios, la racionalización de Aerolíneas Argentinas -una canilla por la que se escaparon u$s 2.200 millones en tres años- y la transferencia de algunos servicios (el subte porteño, la distribuidora eléctrica EDELAP a la provincia de Buenos Aires) como señales en la dirección correcta pero también como una necesaria, implícita admisión de que el año que viene será cualquier cosa menos sencillo.

¿Cuáles son los problemas reales o potenciales que los hacen dudar a la hora de invertir o de planificar qué hacer en el ejercicio que está por comenzar?

El primero es, obviamente, hasta qué grado impactará en las costas argentinas el tsunami económico-financiero que se inició en Europa y amenaza con barrer buena parte del planeta. Ya no hay dudas de que la ola llegará a nuestras playas; la pregunta es con qué fuerza.

La posibilidad de una recesión global, un invierno del consumo y la inversión difícil de sobrellevar, hace que los industriales miren hacia el mercado interno como nunca antes. La falta de crédito que podría surgir, dicen, no los afecta: los empresarios argentinos están más que habituados a autofinanciarse o a trabajar «con lo puesto». El problema será la falta de compradores (internos y externos) para lo que produce la Argentina.

OBJETIVO

El Gobierno prevé un superávit comercial cercano a los u$s 10.000 millones para el año próximo; de esa cifra cerca del 35% corresponde a MOI (manufacturas de origen industrial), que en 2010 por primera vez superaron a la MOA (manufacturas de origen agropecuario). En esta proporción, obviamente, pesó la decisión del Gobierno de poner trabas a la exportación de carnes y de algunos cereales. Sin embargo, no son pocos quienes piensan que en un escenario recesivo global las MOI podrían sufrir mucho más que las ventas de alimentos.

El otro gran interrogante es Brasil. La Argentina mantiene un déficit comercial con el socio del Mercosur que ya lleva 75 meses consecutivos. Eso sucedió cuando la economía brasileña «volaba», estaba en plena expansión y el tipo de cambio era notablemente favorable a los argentinos. Esta situación se revirtió, pese a los leves indicios de mejora en el vecino del norte, e industrias como la alimentaria y -sobre todo- la automotriz, le prenden velas a que esa mejora se consolide.

La intención de «desdolarizar» la economía tiene ya un fuerte efecto en el sector de los desarrollos inmobiliarios. Las compra-ventas de departamentos, casas y locales comerciales desde hace décadas se pactan y se concretan en dólares. Las dificultades para acceder a la moneda estadounidense en función de las restricciones impuestas por el Gobierno dividió este mercado en dos: 

Quienes están vendiendo «en el pozo» no tienen problemas para aceptar pesos, porque los usarán para seguir comprándole cemento a Loma Negra, perfiles a Acíndar o Techint, sanitarios a los proveedores tradicionales, pagar nóminas salariales y abonar servicios e impuestos. 

En sentido inverso, quienes quieren desprenderse de un inmueble terminado sólo siguen aceptando dólares, lo que provocó una parálisis importante en este tipo de operación.

Es ocioso tratar de explicar cuánto influye la construcción en la actividad económica; pese a que las normas vigentes prácticamente maniatan a los escribanos para convalidar operaciones sospechosas (por lo que no debería haber objeciones para obtener divisas para concretarlas) hoy es difícil encontrar un vendedor dispuesto a desprenderse de su propiedad. Nadie acepta peso; nadie quiere «sentarse» encima de billetes cuyo origen no podría demostrar.

Una anécdota lo evidencia. En el barrio de Palermo hay una manzana desocupada. Los dueños aceptaron reunirse con un grupo que se las quería comprar; pidieron casi dos veces su valor de mercado. Los compradores potenciales contraofertaron una vez y media, pero los dueños declinaron la oferta. «¿Si te vendo qué hago con los billetes?», explicaron los «no vendedores».

Esta política restrictiva lleva la impronta indeleble de Guillermo Moreno, un hombre curiosamente amado y odiado por los empresarios, muchas veces en forma simultánea, otras sucesiva.

Es que Moreno fue el principal defensor del proteccionismo a ultranza, lo que a veces para las empresas es bueno y otras catastrófico. Su celo antiimportador (basado no sólo en la necesidad de preservar el nivel de reservas del Banco Central sino también por una convicción de la necesidad de «vivir con lo nuestro» y del «compre nacional») ha hecho que no ingresen al país bienes tan diversos como neumáticos, ropa, duraznos en almíbar, toallas, ropa de cama, automóviles, pimientos, planchas, batidoras, celulares y televisores. Pero las mismas industrias que se favorecen con esas medidas proteccionistas se perjudican porque no logran ingresar insumos cruciales para fabricar los bienes que sustituyen esas importaciones que no atraviesan el puerto de Buenos Aires.

Moreno llevó su celo hasta límites casi inverosímiles, al decirles a distribuidores de cine (a los que obligó a ponerse de pie cuando ingresó a la sala donde lo aguardaban) que todos los filmes que importaban eran «basura», y que el año próximo iban a tener que apoyar a los productores locales que filmarán -imaginó- películas sobre «Perón, Evita, las luchas populares...» La pregunta -no menor, desde ya- es cuánta influencia conservará Moreno -o sus ideas- en el período presidencial que acaba de comenzar.

Finalmente, el frente sindical no será sencillo. El distanciamiento entre la CGT y el Gobierno amenaza con convertirse en un enfrentamiento y los empresarios temen quedar en el medio. Hugo Moyano ha repetido varias veces que encarará las convenciones colectivas de trabajo sin techos preimpuestos.

Los empresarios admiten que, si logran cerrar aumentos de hasta el 17/19% por todo el año, atento no sólo a las dificultades que avizoran sino también a la menor actividad que se prevé, podrían hacer bajar la inflación «informal». Sin embargo, nada asegura que los gremios aceptarán.

La potencial caída del consumo como «deténte» de la suba de precios podría compensarse y hasta sobrecompensarse -admiten en voz baja los empresarios- con los aumentos que provocarán las subas en el costo de los servicios públicos.

Es cierto que todas las grandes empresas no tenían subsidios eléctricos (autogeneran su energía o mantienen contratos con las distribuidoras en su condición de grandes clientes) pero todos recibían el gas a precios de incendio.

El Gobierno prometió que -al menos en esta primera etapa- no tocará los beneficios que reciben las pymes. Muchas de ellas, sin embargo, son compradoras de los insumos que producen las grandes, y en algún punto de la cadena de valor alguien estará pagando más por la luz o el gas, y querrá recuperar ese mayor costo vía aumento de precios.

PRECIOS

Esas subas deberán ser convalidadas por uno de los dos grandes jugadores que deciden hoy sobre esas cuestiones: el mercado o la política oficial.

Para fijar precios, los comerciantes enfrentarán no sólo a estas dos fuerzas de la naturaleza sino a dificultades no menores: una posible caída del consumo. Lo dijo Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina: «Llegará un momento en que alguna gente deberá evaluar si le alcanza la plata para pagar la luz o el gas con aumentos y además para meterse en una cuota para comprar un televisor o un auto».

Ese momento está cercano, sobre todo porque a fin de año se terminan muchos acuerdos («promociones», les gusta llamarlas a los bancos) que tienen las grandes cadenas minoristas con las entidades financieras que les permiten vender en cuotas sin interés. El Gobierno está haciendo enormes esfuerzos para que esas «promociones» se prolonguen en el tiempo, pero con tasas en alza a los bancos se les hará difícil mantener su parte en estos convenios que subsidian el consumo. n