CORREO-GATE: DOBLE DEFENSA EN LA CAUSA QUE DEBE RESOLVER LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO - Boquín desmintió el argumento oficial sobre faltazo a la audiencia donde se pactó el monto a pagar por el Grupo Macri. La empresa rebatió dictamen, cuestionó estatización y propuso audiencia pública.
La tormenta política del Correo-Gate se trasladó al ámbito judicial donde hubo una doble réplica en clave defensiva, en ambos casos. Por un lado, los representantes del Correo Argentino SA (SOCMA) se presentaron a la Justicia en el marco de la causa que debe decidir si homologa el polémico acuerdo alcanzado entre el Estado y el Grupo Macri, y apuntaron hacia la fiscal que pidió su rechazo. Además, responsabilizaron a la gestión K por las desventuras del proceso que derivó en la imputación del presidente Mauricio Macri, denunciado penalmente por la oposición por ser beneficiario de esa operación. En el otro extremo, Gabriela Boquín salió a cruzar al Gobierno y desmintió haber sido convocada a la audiencia con los acreedores y los síndicos, uno de los dardos con los que el oficialismo buscó comprometer a la fiscal con el objetivo de aplacar los efectos de su dictamen.
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Las espadas de Cambiemos se habían apurado a señalar a Boquín como desinteresada en la reunión -del 28 de junio de 2016, donde se selló el acuerdo que luego ella declararía "abusivo", y con vicios de ilegalidad. En rigor, nunca se convoca a la fiscal a esos procedimientos en la Justicia comercial. "Ante las manifestaciones de miembros del gabinete nacional en relación con que no habría participado -no obstante haber sido citada por la Sala B de la Cámara del fuero- de la audiencia de fecha 28/6/16 celebrada en el concurso de Correo Argentino SA en la cual se acordó la propuesta impugnada en mi dictamen del 30/12/2016, comunico que jamás fui convocada a dicha audiencia y que los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado nacional y las sindicaturas", respondió Boquín a través de un comunicado que la Procuración General dio a conocer. La funcionaria había quedado bajo un tímido fuego oficialista, sólo intensificado por el diputado PRO (y consejero de la Magistratura), Pablo Tonelli, quien aseguró que el dictamen "dice cualquier cosa", y que su autora "no reúne las condiciones para el cargo" de fiscal ante la Cámara. No es el primer cruce que tiene Boquín con el macrismo: fue ella misma quien frenó la creación de la IGJ porteña, un anhelo de Macri jefe de Gobierno y que le costó una causa penal a su sucesor en el cargo por haber nombrado a un funcionario al frente de ese organismo local.
En el otro extremo se ubicó Jaime Cibilis Robirosa (presidente de la Correo Argentino residual) quien a través de sus letrados hizo un descargo ante la Sala B de la Cámara Comercial, cargó contra Boquín y propuso una "audiencia pública" para alcanzar una "salida razonable" al entuerto. Pero la empresa -en sintonía con algunas voces oficiales- acusó al expresidente Néstor Kirchner de llevar en el Correo "la peor estatización realizada por el Estado" ya que "despoja a la concesionaria de todos sus activos, y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas". Calificando de "limpio" el proceso, la firma pidió que la Sindicatura General de la Nación sea la que determine el monto de la deuda, de forma de mejorar el cálculo que hizo el Ministerio Público, que arrojó al año 2033 unos $70 mil millones. Así negó que su propuesta fuese abusiva, que hubiera condonación, ni que fuera un "acuerdo espurio".
A última hora, el escrito seguía en mesa de entradas y recién hoy sería elevado a las camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini, que deberán tomar la decisión final.
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