La funcionaria cobró notoriedad por denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. Ayer enmarcó su caso en un “golpe de Estado”.
RESISTENCIA. En una encendida declaración, Luisa Ortega prometió que aunque la corran de su cargo continuará enfrentando al Gobierno de Nicolás Maduro.
Caracas - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, adelantó que será destituida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de un momento a otro después de que esta corte iniciara un antejuicio de mérito en su contra a pedido de un diputado oficialista. La advertencia tuvo lugar después del nombramiento de una nueva vicefiscal, Katherine Harrington, cercana al Gobierno de Nicolás Maduro y sancionada por Estados Unidos.
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La corte celebró una audiencia para conocer los alegatos de las partes sin la presencia de Ortega, quien se desmarcó del Gobierno y ha criticado sus medidas ante la ola de protestas opositoras. "No acudí al TSJ, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada. No lo reconozco", afirmó Ortega en una declaración en la sede del Ministerio Público. "Ya sabemos que en el día de hoy (por ayer) va a operar mi remoción", agregó. "No me voy someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Este es un fraude procesal con el que se pretende intimidar a la fiscal, pretenden callarme".
Ortega, quien habló poco antes de que comenzara la audiencia en la Sala Plena del TSJ, sostuvo que la decisión está "cantada" y lo calificó como un golpe de Estado "más grotesco que el de Pedro Carmona", al aludir al intentona golpista que sacó del poder por 48 horas en 2002 al presidente Hugo Chávez y que fue atribuido al empresario.
Desde su ruptura total con el oficialismo hace más de tres meses, al empezar la ola de protestas opositoras, Ortega se ha vuelto una de las figuras más críticas del Gobierno, que denunció las supuestas violaciones de la Constitución por parte del TSJ y pidió la anulación del proceso constituyente lanzado por el presidente socialista.
La máxima corte del país se puso un plazo de cinco días para tomar una decisión luego de escuchar los alegatos del acusador, el diputado Pedro Carreño, y de los otros integrantes del Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo y el Contralor. Todos cuestionaron a la fiscal, la calificaron de "mentirosa" y enumeraron pruebas para justificar su destitución. "Ella juega el ruin y deleznable papel de atentar contra las instituciones democráticas", dijo Carreño, para luego señalar que la fiscal desconoce públicamente a los magistrados del TSJ "para cumplir con el formato de golpe de Estado".
En un acto previo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nula la designación del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien es una de los siete funcionarios del Gobierno que fueron sancionados por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos. Harrington, de 46 años, se desempeñó como fiscal en casos de claro tinte político como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar a las protestas de 2014 contra el Gobierno; fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública.
La Sala Constitucional argumentó que la designación de González como vicefiscal, hecha por Ortega, era nula, aunque fue ratificada el lunes por la Asamblea Nacional, que el TSJ afirma que sigue en desacato y que por tanto sus decisiones son ilegales.
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