La guerra de medios pasa ahora al Senado

Eduardo Duhalde

La puja entre el Gobierno y los medios tendrá esta semana un nuevo round en el Senado. Hace una semana, el kirchnerismo intentó, sin éxito, aprobar en el recinto la ratificación de un decreto de necesidad y urgencia firmado en 2003 por Eduardo Duhalde que otorgó licencias de televisión y radio a las provincias y municipios. El debate sobre la legalidad de ese decreto, que comenzó por una denuncia del Grupo Clarín a la Justicia, ya llegó a la Corte, cuya inconstitucionalidad se dispone a debatir si el Congreso no lo ratifica plenamente. Diputados ya lo ratificó hace dos años, pero en el Senado ese trámite esta aún en deuda, en una demora que quizás comenzó para guardar esa sanción como una carta de poder para los senadores. Mañana, el oficialismo intentará una vez más ratificarlo, pero la UCR ya anticipó que no ayudará con el número.

La discusión es una pelea de fondo no sólo con los medios, sino tambien con la Justicia, que fijó un peligroso antecedente para el Gobierno al afirmar que un DNU no tiene plena fuerza si no cuenta con la completa ratificación del Congreso. No es lo que estableció la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia que los Kirchner consiguieron aprobar en el Congreso y que les permitió mantener la vigencia de los DNU, aunque el Parlamento no se expidiera.

La historia comenzó con el Decreto 1214/2003 que firmó Duhalde seis días antes de dejar la presidencia en manos de Néstor Kirchner. En ese momento, mediante un DNU, se modificó el artículo 11 de la Ley 22.285 de Radiodifusión «con la finalidad de remover el obstáculo legal que impide a las provincias y a las municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión», según se justificó.

Ese nuevo artículo le otorgó a cada provincia, con la tutela previa del Gobierno nacional, la posibilidad de explotar un servicio de televisión abierta y uno de radio por modulación de amplitud, es decir, AM. Y a los municipios les otorgó una licencia de radio FM. En todos los casos, se las autorizó a emitir publicidad en las mismas condiciones que los canales o radios privadas.

Las provincias creyeron que así podrían liberarse de la dependencia de las emisoras privadas, y, como contraataque, el Grupo Clarín y la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas se presentaron a la Justicia cuestionando el decreto por anticonstitucional al no estar ratificado por el Congreso, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.

Tras el rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones introdujo un argumento inquietante para el Gobierno: la falta de ratificación del DNU en el Congreso.

Ese razonamiento de la Justicia se chocó con la reglamentación del control de los decretos de necesidad y urgencia que Cristina de Kirchner como senadora hizo aprobar durante la presidencia de su marido.

Tras la apelación, el debate pasó a la Corte Suprema, que convocará a una audiencia pública para debatir la constitucionalidad del decreto y la asignación de licencias por parte del Estado mediante la mera firma del presidente.

El decreto de Duhalde había comenzado su trámite de ratificación en el Congreso en 2007: la Bicameral emitió el dictamen favorable y el recinto de Diputados lo convalidó el 18 de julio de ese año. Pero el Senado nunca lo debatió y de ahí el apuro ahora por darle fuerza de ley mañana, antes que la Corte avance con un nuevo disgusto para el Gobierno. Sería imposible de digerir para el oficialismo que en momentos en que la Casa Rosada avanza con la administración estatal del fútbol, la Corte le diera la razón al Grupo nada menos que declarando inconstitucional un decreto presidencial sobre asignación de licencias en las provincias.