La histórica puja por el Atuel ya tiene fecha en la Corte

Los gobiernos de Mendoza y La Pampa deberán comparecer ante el máximo tribunal el 14 de junio.

La Corte Suprema de la Nación citó a las provincias de La Pampa y Mendoza a una audiencia de "conciliación" para el próximo 14 de junio, ante la demanda de la primera por supuestos incumplimientos de convenios por el uso del Río Atuel, celebrados desde hace casi tres décadas.

A la audiencia de conciliación también fueron convocados el Estado Nacional y a "amicus curiae" (amigos del tribunal) que puedan a aportar una solución al conflicto.

El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta al año 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua, perjudicando supuestamente al oeste pampeano.

En 1987, la Corte Suprema estableció el carácter "interprovincial" del curso hídrico y reguló la utilización del agua de forma compartida.

En mayo de 2014, La Pampa demandó ante el máximo tribunal a Mendoza por el supuesto daño ambiental que esa provincia ocasionaba y por el incumplimiento del fallo de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del curso hídrico.

En la resolución, la Corte rechazó por unanimidad un planteo de incompetencia de los representantes de Mendoza y declaró su competencia originaria para intervenir en la causa.

"La necesidad de dirimir la situación denunciada, y dado que ninguna de las provincias podría erigirse en juez de su propia causa, determina que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación sea la que deba llevar adelante los procedimientos pertinentes a ese fin", sostuvo el máximo tribunal.

En la demanda de 2014, La Pampa invocó el "derecho humano al agua", para que "se declare la presencia de daño ambiental" como consecuencia de incumplimientos de Mendoza a la sentencia de 1987 y otros convenios firmados en los años siguientes.

La provincia de La Pampa había solicitado además que el máximo tribunal ordene el "cese y recomposición" del daño ambiental con obras para "optimizar" el recurso del agua fluvial y condene a Mendoza a pagar una indemnización por los "perjuicios sufridos", así como pidió que se ordene al Estado Nacional "brindar colaboración para implementar las obras" necesarias.

Tanto la Corte -con la firma de su titular Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, como la procuradora fiscal Laura Monti en su dictamen- se basaron en el artículo 127 de la Constitución Nacional, que establece que las "quejas" de las provincias "deben ser sometidas" a la Corte y "dirimidas por ella".