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La Iglesia chilena pidió indultar a algunos militares y desató enojos
• Piñera estudiará la propuesta de obispos.
• Enérgico rechazo de la oposición, familiares de víctimas y jueces
El obispo de Rancagua y presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, mantuvieron un encuentro de una hora con el presidente Sebastián Piñera.
«No sería completa la mesa para todos si no considerásemos a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar», señala el documento, titulado «Chile, una mesa para todos en el Bicentenario».
La inclusión en el indulto de responsables de crímenes de lesa humanidad volvió a ser rechazada ayer por la oposición de centroizquierda, jueces y organismos de derechos humanos. En cambio, fue apoyada por los sectores más conservadores de la coalición gobernante (ver aparte).
Aunque el texto de los obispos pide sin mayores precisiones considerar el tipo de delito, alude con otras palabras a la «obediencia debida», pide arrepentimiento, considera la edad y la salud del condenado, su implementación podría generar liberaciones de responsables emblemáticos de la dictadura.
El texto fue entregado a Piñera por Alejandro Goic, obispo de Rancagua y presidente de la Conferencia Episcopal, y por el cardenal arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, en el marco de una reunión de una hora en La Moneda.
Sobre los militares encarcelados, la propuesta afirma «que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron». «A nuestro parecer, no cabe un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado», precisa el texto.
«La reflexión debe incluir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos», argumenta. Los obispos dicen respetar las opiniones contrarias, especialmente «cuando vienen de personas que sufrieron en carne propia o en sus familiares los delitos condenados», pero solicitan «dar el paso de pedir justicia» sin ensañarse «en el castigo, que nunca puede reparar totalmente el mal causado».
«Nos conmueve el solo hecho de pensar que Jesús clavado en la cruz de la injusticia, antes de morir, pide al Padre que perdone a quienes lo han crucificado. Ésa es la lógica y la pedagogía que anhelamos para cada uno de nosotros», concluyen.
El fin de semana, en una entrevista con El Mercurio, el presidente adelantó que estudiará la propuesta, pero adelantó que no debería haber diferencias entre civiles o uniformados a la hora de fijar criterios de perdón. Ayer, la vocera y ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, amplió: «El presidente va a reflexionar respecto de este documento y va a tomar una decisión sobre la base de los compromisos con la verdad y la justicia, la unidad nacional, la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias».
Manifestación
Durante la reunión, grupos de izquierda y familiares de las víctimas de la dictadura se manifestaron frente a La Moneda en contra del otorgamiento de beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
«Estamos acá diciéndoles al Gobierno y a la Iglesia que hay un país y hay unos familiares que no están dispuestos a flexibilizar el respeto a los derechos humanos por acuerdos que se hacen a oscuras, en contra de la democracia y en contra de la vida», dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Agregó que al entregar el documento, sin escuchar a los familiares de las víctimas, se les está «dando vuelta la espalda» y que la Iglesia «está desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura».
Terminada la reunión con Piñera, el obispo Goic aseguró que la petición «no anula ni contradice el imperio de la ley y la justicia, sino que lo supone y lo exige», pero matizó que «salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos, creemos que se pueden dar pasos de clemencia».
El prelado lamentó que se hayan desatado opiniones «diversas» antes de conocerse la propuesta e indicó que «respetan» los argumentos contrarios y que esperan que la petición sea «analizada con el mismo criterio, sin prejuicios, con generosidad y amistad cívica».
Además de liberaciones, la propuesta -que sólo está destinada a condenados con sentencia firme- también pide reducir penas. Detalla que deben considerarse los mayores de 70 años, enfermos terminales y mujeres que tengan hijos menores de 18 años.
Agencias EFE, AFP, ANSA y DPA


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