- ámbito
- Edición Impresa
La Justicia pone presión a los prófugos argentinos
Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, los empresarios argentinos requeridos por Interpol en el marco del FIFA-GATE.
La situación de Burzaco y los Jinkis es más comprometida desde el lunes, cuando Interpol emitió alertas rojas y publicó las fotos de los empresarios, que hasta anoche permanecían en la clandestinidad. Esta búsqueda, que se desarrolla mediante allanamientos a distintas oficinas y domicilios, es coordinada por el juez Claudio Bonadío.
El pasado martes se realizaron allanamientos en una firma de turismo en busca de información sobre pasajes comprados por Burzaco. Cerca de Bonadío ya alertan sobre una posible maniobra de encubrimiento para favorecer al CEO de Torneos y socio de Clarín en el negocio de la TV deportiva.
En la audiencia de la semana que viene, sus abogados plantearán que los empresarios deben recibir la exención de prisión porque es imposible que puedan entorpecer una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos.
Ese argumento se contrapondrá con el que esbozara en su momento Martínez de Giorgi, quien sostiene que por los recursos y los contactos que los prófugos ostentan, tal inferencia sería viable, por no mencionar la posibilidad de un nuevo intento de fuga en caso de que la situación presente un viraje adverso.
El hecho de que la audiencia sea la semana que viene es un elemento de presión porque atenta contra la táctica de reaparecer recién una vez que la Justicia conceda la exención de prisión. Los abogados ya les han advertido que si el estado de fuga se prolonga, será más difícil lograr nuevas eximiciones tanto en la Argentina como en Estados Unidos.
Los jueces que definirán la apelación son los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
A Burzaco y los Jinkis luego los espera un proceso en el que se deberá definir si terminan extraditados a los Estados Unidos. Es un largo camino, especialmente si ese procedimiento se activa. Las apelaciones de los juicios de extradición se tramitan en la Corte Suprema. Estos requerimientos suelen exhibir demoras de dos años.

Dejá tu comentario