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La lupa de la Corte sobre dólares, Rural y fiscales
Ricardo Lorenzetti y Juan Manuel Abal Medina
Asuntos sensibles para el Gobierno y cuyas resoluciones ofrecerán múltiples lecturas con la disputa por la reforma judicial ya instalada en los tribunales.
El tribunal que preside Ricardo Lorenzetti le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo la causa en la que se le impidió a un deudor comprar dólares en el mercado oficial con el fin de cancelar su crédito hipotecario.
A partir de esta prohibición, el deudor inició una demanda que fue rechazada por un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, luego confirmada por la Cámara, que a su vez denegó un recurso extraordinario.
El particular que tenía el crédito interpuso un recurso de queja ante la Corte y ahora el máximo tribunal deberá decidir si accede a analizar la cuestión de fondo, o sea, la vigencia del cepo cambiario.
El máximo tribunal no decidió si hará lugar al recurso, ya que se encuentra en un paso previo y puede directamente denegar el planteo.
Rechazo
En primera y segunda instancia del fuero contencioso, el planteo del particular contra el Estado a través de la AFIP fue rechazado. Los jueces entendieron que el accionante no probó el perjuicio en su contra por la imposibilidad de comprar dólares, a la vez que previamente no inició un trámite ante la AFIP impugnando la prohibición.
La Corte ahora decidió remitir el expediente a la Procuración General para que dictamine sobre si corresponde o no mantener el cepo cambiario en este caso.
Por otra parte, en la causa por la presunta ilegalidad del decreto presidencial que estableció la expropiación de La Rural (rige una medida cautelar favorable a la entidad agropecuaria y que fue definida por la Cámara Federal en lo Civil y comercial), el máximo tribunal le pidió a Alejandra Gils Carbó que se expida sobre si la apelación del Estado a la medida cautelar se realizó dentro de los plazos legales. La Corte entenderá sobre un mero tecnicismo procesal y no sobre la cuestión de fondo.
El expediente continúa en el fuero más adverso para las aspiraciones del kirchnerismo: allí sufrió reveses la ley de medios y con los mismos jueces que entendieron sobre La Rural: Francisco De las Carreras y Susana Najurieta.
Un detalle: el nivel de litigio de los abogados de la Jefatura de Gabinete sobre el expediente fue prácticamente nulo en comparición con el de la entidad que ostenta la titularidad del predio ferial.
Los letrados de Juan Manuel Abal Medina tomaron distancia del caso cuando se frustró el intento de llevar la disputa al fuero Contencioso Administrativo, donde el kirchnerismo suele litigar con mayor éxito.
Ahora las expectativas de estos últimos pasan por el fuero Penal. En el juzgado de Sergio Torres se reactivó el expediente sobre la presunta venta del predio a "precio vil".
El tercer traslado decidido ayer por la Corte es el más incómodo para la procuradora Gils Carbó: le requieren su opinión sobre una designación supuestamente irregular que ella misma autorizó y le imponen un plazo de cinco días hábiles para conocer su respuesta (ver nota aparte).
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