El Consejo de la Magistratura salió ayer de su letargo de un mes y logró reunir quórum para realizar la pautada reunión de plenario. Al contrario de lo anunciado por los propios consejeros, quienes habían afirmado que el cuerpo iba a intentar «bajar el tono» y permanecer al margen de la campaña electoral, el regreso impuso la agenda política: parte de la sesión fue dedicada al «desagravio» de la oficialista Diana Conti, señalada por un diario -que no es éste- de haberse reunido en secreto con el juez Federico Faggionato Márquez por un supuesto acuerdo de desestimar las investigaciones en trámite contra el magistrado en el Consejo, a cambio de vincular al candidato del PRO-PJ disidente, Francisco de Narváez con la causa de la efedrina, que está a su cargo.
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Las aclaraciones de Conti fueron respaldadas por todos los consejeros presentes, incluso llevaron a nuevas acusaciones, como en el caso de Carlos Kunkel, también candidato bonaerense por el oficialismo, quien afirmó que las imputaciones contra la consejera eran «una operación de campaña que daña la institución del Consejo de la Magistratura».
El resto de los consejeros también se solidarizó con Conti, así como señalaron que había habido una reunión formal con Faggionato Márquez el 30 de abril, cuando el magistrado se presentó para declarar ante la Comisión de Disciplina y Acusación. El juez a cargo de la causa que investiga la ruta de la efedrina tiene más de 11 denuncias en su contra en el Consejo, por presunto mal desempeño, y corre serios riesgos de ser destituido. Quien sigue su caso es el consejero Ernesto Sanz, que luego de la declaración de Faggionato Márquez, había dispuesto nuevas medidas para continuar con la investigación.
En este marco se habló del robo denunciado por la jueza electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría, a finales de la semana pasada. Si bien la magistrada había descartado cualquier tipo de relación entre la sustracción de documentación de su despacho e intereses políticos, sí denunció la intención de otros poderes («lobbies judiciales», según afirmó) de intimidarla. La documentación robada de su despacho casualmente era un descargo que pensaba presentar en el Consejo, por un pedido de investigación del senador kirchnerista, Marcelo Fuentes.
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