La ONU ratificó que Lula da Silva sufrió persecución judicial

Su condena y encarcelamiento lo privaron de competir en los comicios de 2018, para los que era amplio favorito.

Ginebra - El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó ayer que Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las debidas garantías legales durante los procesos penales que se le siguieron por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, pero con una demora que no impidió su proscripción en la elección presidencial de 2018.

De acuerdo con el dictamen, se violaron los derechos de Lula a gozar de la presunción de inocencia y a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas y que le permiten concurrir a los comicios del 2 de octubre, otra vez como favorito según las encuestas.

“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, remarcó Arif Bulkan, miembro del comité.

“Es una victoria para cada brasileño que cree en el estado de derecho y la democracia. Jueces internacionales independientes e imparciales escucharon todas las pruebas y llegaron a la conclusión de que el juez Moro estaba completamente sesgado en mi contra”, celebró el líder izquierdista en un comunicado.

Lula, que parte como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la megacausa “Lava Jato”, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht.

Juez y parte

El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro, y que acaba de declinar su propia postulación presidencial.

Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisarle al propio expresidente.

“La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia”, añadió el informe.

Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años.

Proscripción

En abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito, y en las que se impuso Bolsonaro.

Sin embargo, el STF anuló la sentencia el año pasado debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.

El Comité de Naciones Unidas sostiene que, a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, “no fue suficiente” para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.

La elección se da en un escenario de polarización con ventaja para Lula de entre 5 y 10 puntos sobre Bolsonaro, según las encuestas, margen que supera los 15 para el segundo turno del 30 de octubre.