La oposición rechaza reforma bajo presión

El radicalismo fue el primero en reaccionar ayer ante el avance del Gobierno con una reforma del Poder Judicial como primera consecuencia del fallo que absolvió a los acusados en la causa por secuestro y sometimiento a la prostitución de Marita Verón.

Ricardo Gil Lavedra le respondió directamente a Cristina de Kirchner: «Por definición el Poder Judicial es un poder llamado contramayoritario, es decir, que actúa controlando a los poderes de las mayorías. Su función es defender la Constitución y los derechos de los individuos y de las minorías frente al avasallamiento que puede provenir de una mayoría circunstancial. Es por eso que sus cargos tienen que estar asegurados de por vida, para que el poder de turno no pueda removerlos y poner a una Justicia adicta», dijo sobre esa idea de una Justicia electa en urnas.

«La mencionada democratización a la que alude la Señora Presidente, por tanto, no significa otra cosa que la intención de sujetar al Poder Judicial», dijo.

En el Congreso se centraron en el freno que el kirchnerismo le puso este año al debate de la ley de trata de personas en Diputados.

En 2008, el Congreso votó por primera vez una ley de trata y tipificó ese delito en el Código Penal. Pero no hubo acuerdo, ya que seguía sin dar protección real a las víctimas mayores de 18 años, ocupándose en mayor medida de las menores.

Hubo un proyecto de Beatriz Rojkés de Alperovich en el Senado para subsanar ese punto que fue aprobado por unanimidad en agosto del año pasado. En Diputados sigue dando vueltas sin que baje al recinto.

Ayer, la peronista rebelde Sonia Escudero le pidió a Cristina de Kirchner que convoque a sesiones extraordinarias para debatir la ley.