La puja por reforma también entró en el túnel del tiempo

Jueces al archivo para buscar qué dijeron en 1994 los convencionales que crearon el consejo de magistrados

En la sesión de la Convención Constituyente del 1 de agosto de 1994, Raúl Alfonsín sorprendió a todos con un escrito que adelantaba a los jueces de hoy cuál era la intención al reformarse la Justicia. Esos testimonios se estudian ahora junto a los de Eugenio Zaffaroni para resolver impugnaciones a la elección de consejeros.

La prisa de la Corte Suprema por resolver el conflicto por la suspensión de las elecciones de consejeros de la Magistratura por orden de tres jueces federales se precipitó con el regreso al país del justice más identificado con el oficialismo, Eugenio Zaffaroni. En la presentación de ayer a varios de sus colegas en una recepción a periodistas (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda) fue imposible sacarles palabra alguna sobre la decisión del tribunal en una causa que quieren resuelta antes del 22 de junio, fecha de cierre de la presentación de candidaturas a las primarias en las categorías convocadas (diputados, senadores, consejeros).

Admitieron, en la media palabra que se les pudo sacar entre saladitos y champán -servidos por ese experto en catering a quien los habitués de estos condumios festejan como un sosias de Jack Nicholson-, que la llegada de recursos a favor y en contra de la polémica elección es cuestión de horas, además de tema recurrente de conversación entre ellos. No se han sentado todos a la mesa a discutir qué harán, pero en charlas a cuatro ojos le han sacado punta a una decisión que, salvo que fallen todas las presunciones de oficialistas y opositores, sepultará el proyecto y anulará definitivamente esos comicios. Siguen al minuto el trámite de esos recursos que han sido girados a vista del Poder Ejecutivo con plazos fijos. El primero vence el viernes y fue pedido por María Servini de Cubría. En la Procuración del Tesoro cuentan ya más de 110 escritos que son leídos por los abogados de Angelina Abbona (quien firmará el rechazo a los recursos que frenan la elección), los de Julio Alak, y vistos por expertos electorales como Alejandro Tullio (director nacional electoral) y Jorge Landau (apoderadísimo del PJ y del Frente para la Victoria). Para ese día (viernes) el Gobierno tiene pensado emitir el pedido de vista de Corte sobre este entuerto, que puede ir por la clásica vía del recurso extraordinario o por el refrescado -por una ley reciente- "per saltum".

Los jueces del tribunal no creen que deban expedirse después del 22 de junio (inscripción de candidaturas), pero tampoco les preocupa la fecha del 12 de junio (inscripción de alianzas). Para los justices, recién cuando se anotan candidatos empiezan a correr derechos que sería difícil negar después de adquiridos. La inscripción de alianzas, sin embargo, podría devengar derechos a los partidos que, si atienden a la convocatoria, anotarían alianzas para el tramo 3 de la boleta (consejeros). Hacer una alianza para consejeros no es un lujo al alcance de cualquiera. La liga que se anote tiene que tener personería en 18 distritos, y lograr eso es algo en que trabajan los partidos, con cuidado para tenerlo listo para antes del miércoles próximo.

En el tribunal hay letra sobrante para resolver la disputa. Dos de sus integrantes fueron constituyentes en la convención reformadora de 1994 que creó el Consejo de la Magistratura. Uno es Zaffaroni, que representaba en aquellos tiempos al Frente Grande de Chacho-Pino y que era crítico del Núcleo de Coincidencias Básicas, eje de aquella convención. En estas horas, el sector de la autodenominada Justicia Legítima, a través de su presidente, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, ha reflotado las posiciones de aquel Zaffaroni y le hace decir que "en la Convención Constituyente Zaffaroni dijo que el artículo 114 podía permitir interpretaciones". Esa elasticidad de la norma fue la base de la anterior reforma para modificar la integración del Consejo que promovió en 2005 el peronismo, cuyo proyecto desde 1994 fue tratar de disolver las novedades constitucionales que les había impuesto el radicalismo a cambio del principal proyecto de entonces, la reelección presidencial.

Esa evocación de aquel Zaffaroni no es pacífica, sin embargo. En el debate en donde dijo eso, que ocurrió en junio de 1994 en la Comisión de Núcleo (donde estaban representadas las principales espadas de cada bloque), Zaffaroni se enfrentó con el radical Enrique Paixao reclamándole más precisiones sobre la autonomía de los consejeros respecto de los partidos políticos. "Diría que no es del todo incorrecto en cuanto a las categorías para integrar el Consejo de la Magistratura. Cuando habla de jueces, está bien que la expresión 'de todas las instancias' deje abierta la puerta a la representación jerarquizada, pero creemos que eso habría que precisarlo un poco más. 'Abogados de la matrícula' está bien. 'Representantes del Parlamento' nos parece correcto. No nos parece tan correcto los de 'personalidades', porque es una categoría demasiado indefinida... Habría que cerrarla un poco o eliminarla". Paixao le reclamó más precisiones, y el actual juez de la Corte respondió: "Sí, correcto, en eso estamos de acuerdo, pero habría que establecerlo porque en cuanto a los representantes de los jueces podría decirse el día de mañana lo siguiente '... tres representantes de la Corte Suprema, tres de los camaristas, tres de la Primera Instancia...'".

Este diálogo es entendido hoy por los impugnadores de la reforma como algo que cuestiona el proyecto de elección por el voto directo de los consejeros porque retrotrae, a su entender, el sistema de elección y remoción de los jueces a la situación anterior de la reforma, cuando todo dependía del Congreso, en donde se decidía todo según el loteo partidario. Ese diálogo ya figura en el escrito que presentó pidiendo amparo el sindicato de jueces cuya redacción le confió Luis María Cabral (presidente de la Asociación de Magistrados) al propio Paixao, quien lo elaboró junto a otro exconvencional por el peronismo, Alberto García Lema.

El otro experto en este asunto en la Corte es Juan Carlos Maqueda, quien también integró la Comisión Redactora de la Constitución, quien se cuida de no adelantar criterio para no ser impugnado por prejuzgar. Además de ser el "juez político" de la Corte, tiene diálogo con todos los estamentos del Gobierno y además una larga experiencia como apoderado del PJ de Córdoba. Maqueda, que será escuchado por sus colegas del tribunal con tanta atención como Zaffaroni, tiene en la memoria fijados los términos de aquel diálogo entre éste, Paixao y otro participante, Carlos Auyero.

Los dos jueces además fueron testigos de otro testimonio que será central en el debate y en la decisión de la Corte, que es el recordado discurso de Raúl Alfonsín ante el plenario de la Convención del 1 de agosto de 1994. Antes de que se aprobase el texto de la norma reformada, el expresidente imaginó un ardid para que sus posiciones fueran más allá en el tiempo. Pidió la palabra para leer un texto elaborado por su partido que contenía lo que los juristas llaman "la intención del constituyente". Sabía que la letra de la norma sería objeto de interpretación en el futuro cuando los jueces resolvieran conflictos y se preguntarían, como es habitual, cuál pudo ser la intención de quienes la aprobaron, especialmente en artículos abiertos a la interpretación, como es el que dispone la creación del Consejo de la Magistratura, que habla de "equilibrio" entre las representaciones o el del tercer senador por cada provincia, que pide que "en lo posible" representen a mayoría y minoría en el resultado de los votos.

En ese breve escrito que estaba redactado con cuidado y que en diario de sesiones figura entrecomillado, para que tampoco nadie opinara mañana (es decir hoy) que lo que decía era fruto del fragor de un discurso improvisado, Alfonsín trató de cerrar el conflicto de las interpretaciones sobre la Justicia con palabras como éstas: "Toda norma que pueda implicar alguna limitación a la independencia del Poder Judicial, a la independencia e imparcialidad de la composición del Consejo de la Magistratura y de la independencia y de las facultades de la Auditoría General de la Nación, aunque no contradiga el texto que sancionamos, debe considerarse que vulnera el espíritu de la Constitución y contradice la intención del constituyente". Está ahí, junto al debate Zaffaroni-Paixao, en un recodo del túnel del tiempo para que los justices opinen ahora sobre la puja clave de estas elecciones.