Washington - La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de adjudicarse las atribuciones legislativas provocó sendos rechazos de varios gobiernos de Américas Latina, además de EE.UU., la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americano (OEA).
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EE.UU. consideró ayer un "grave retroceso para la democracia" la decisión del TSJ. "Este ruptura de las normas democráticas y constitucionales niega a los venezolanos el derecho a dar forma a su futuro a través de sus representantes electos", dijo el Departamento de Estado.
México dijo que la decisión "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un "autogolpe de Estado" en Venezuela y pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente del ente continental. "Aquello que advertimos lamentablemente se concretó", añadió el diplomático, haciendo referencia a sendos informes de mayo de 2016 y marzo de 2017 en los que detalló un desandar antidemocrático del presidente Nicolás Maduro.
La declaración más contundente fue la del Gobierno peruano que retiró "de manera definitiva" a su embajador en Venezuela.
"El pleno respeto a la independencia de poderes es un elemento esencial de la democracia", señaló en un comunicado el Gobierno brasileño. "Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política en el país", sostuvo.
Por su parte, la Unión Europea (UE) recordó que "el total respeto de la Constitución, los principios democráticos, el Estado de derecho y la separación de poderes es crucial para que el país logre un resultado pacífico de la actual difícil situación y recupere la estabilidad política".
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