LA REFORMA JUDICIAL HACE CARRETEAR YA EL “PER SALTUM”

• En dos días de la semana que viene pueden estallar los planetas. • El Congreso aprueba la elección de consejeros de la Magistratura. • Y el Gobierno tiene 48 horas para promulgar la norma y llamar a las elecciones primarias. • Entre el jueves 9 y el viernes 10 habrá andanada de recursos de la oposición. • Usarán el per saltum, o sea que la Corte Suprema deberá resolver. • ¿Juega eso la suerte sólo del nuevo sistema judicial o también arrastra a las PASO? • Reflexiones al nivel del piso 4 de Tribunales, sede de la Corte, que huele a Blem.• ¿El poder de la Justicia está en su debilidad? • Como fondo, la crisis del federalismo fiscal con Nación vs. provincias. • Si le dan a uno, quiebra el otro, y viceversa. • Y la novela eterna del acuerdo entre Repsol e YPF por Vaca Muerta.

Max Scheler, Julio Alak, Carlos Zannini, Miguel Galuccio

¿Hasta dónde llega la pelea entre el Gobierno y la Corte por la reforma judicial? El fin de semana, los padres de Ricardo Lorenzetti recibieron amenazas por teléfono que mencionaron las posiciones de su hijo. Nadie de quienes escuchan lo que se dice en el 4° piso de los Tribunales, donde tiene su despacho el presidente de la Corte Suprema, se ha extrañado por eso, que tiene antecedentes en otros seguimientos que ha percibido el magistrado (fiscales, de algún servicio) que entiende que esto no es el final de nada, sino el comienzo de algo más importante. Por de pronto el tribunal se prepara para la prueba de resistencia que implicará la andanada de recursos "per saltum" que se concentrarán en dos fechas de la semana que viene: el miércoles 8 de mayo, el Senado contempla convertir en ley el nuevo sistema de elección de los consejeros de la Magistratura. El cronograma electoral prevé que la última fecha que tiene el Gobierno para convocar a las elecciones primarias obligatorias (PASO) en las cuales los partidos deberán incluir en la tira de cargos nacionales a los precandidatos a consejeros, es el domingo 12 de mayo. El artículo 20° de la ley electoral dice que "la convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a 90 días previos a su realización", que está prevista para el 11 de agosto. Con este apretado carné de baile, si la Presidente firma ese decreto en la noche del 8, puede publicarse en el Boletín Oficial del jueves 9 y queda ese día y el viernes 10 para la convocatoria a primarias. En esos dos días de la segunda mitad del mes la Corte espera una acumulación de amparos en tribunales inferiores que, en pocas horas, escalarán por el "per saltum" hasta el 4° piso. Los letrados de la Corte han abierto todas las pantallas para preparar la respuesta, cuyo rango técnico depende de otro tribunal, la Cámara Nacional Electoral, que decidirá el carril por donde se tramitarán esos recursos que presentarán los partidos de la oposición.

La Cámara Electoral, que en las últimas horas se reunió con Lorenzetti, debe resolver la gran pregunta: ¿complicarán los recursos contra la elección de los consejeros la otra elección de las PASO? Dicho de otra manera, si los recursos contra la elección de consejeros prosperan hasta su suspensión, ¿arrastrarán también a las PASO y no habrá elección de candidatos según el sistema inaugurado en 2011? Esto preocupa en el Ministerio del Interior porque el tipo de convocatoria que se haga puede pegar el destino de las dos elecciones y, si fracasa la de consejeros, puede complicar la de candidatos. En el oficialismo hay conciencia desde ese año de que el sistema ayuda al partido que gobierna y achica las posibilidades de la oposición, que no maneja territorios. En la oposición hay un sector que sueña con que no haya PASO para evitarles la odiosa encuesta que terminan siendo los resultados de las primarias. Algunos de sus dirigentes sugieren, por lo bajo, que el Gobierno no quería esta vez las PASO, pero eso va en contradicción con los beneficios del sistema para el oficialismo y también con la doctrina que ha sostenido Olivos al respecto. Quienes trabajaron en el proyecto original le atribuyen la paternidad al propio Néstor Kirchner, quien impuso la médula del sistema: estatizar las internas partidarias que en el viejo código estaban reguladas por las cartas orgánicas de los partidos, haciéndolas obligatorias y simultáneas. Cristina de Kirchner, por su lado, está atada a esa doctrina y no ha hecho ninguna señal para apartarse.

La prevención ante la avalancha de recursos que van a llegar en horas a la Corte vuelve a ponerla en el escenario del que había salido durante algunos días después del fallo de Cámara sobre la ley de medios. Es lo que les hace repetir en sus reuniones: "Esto recién comienza". También los anima a volver a grandes máximas de la administración de justicia, como "si todo se judicializa no podemos terminar gobernando, no es nuestra función". Sobre este punto, que los integrantes de la Corte han desarrollado en más de un discurso, Lorenzetti parece tener claridad al menos teórica. Admite que el desafío para el sistema republicano contemporáneo es vérselas con la contradicción entre la urgencia de las emergencias en que vive la mayoría de los países de Occidente, que exige estados de excepción, y las demandas de la sociedad que vota pero no espera al final de los mandatos para el juicio de residencia. "Nadie espera, y hasta la más mínima decisión de un intendente es cuestionada por el público", se escucha en los despachos del 4° piso. Los funcionarios del Ejecutivo alcanzan sus cargos según un sistema del siglo XIX, que además está en crisis (partidos congelados y sin vida interna, candidatos que bajan de arriba -del poder- hacia abajo, y no al revés, imperio del dedazo, etc.) y son ineficientes frente a la marea de los actores no institucionales, las ONG, los movimientos de opinión que articulan las demandas en los medios y terminan en la Justicia. Medios y Justicia, desde esa perspectiva, expresan esa riqueza de los actores no institucionales y ahí está el motivo de las presiones del Ejecutivo sobre ellos. "Además, estamos en la Argentina, y el argentino es imposible de dominar, se las sabe todas, está acostumbrado a capear las crisis y genera sus recursos para defenderse del sistema institucional", se escucha por esas alturas. El punto que pone en el extremo la exasperación institucional, y que parece figurar en un costado lateral de las agendas, pero es una obsesión del 4° piso, es el federalismo fiscal. Hay una crisis financiera inocultable, las provincias tienen reclamos que la Nación no atiende y todo termina en la Corte. "Pero hay que ser realista -es el criterio del nivel máximo judicial- si se le concede a la Nación lo que reclama quiebran las provincias, y si se les da a las provincias lo que piden, puede quebrar la Nación". Ese retablo expresa la crisis argentina que hace que los gobiernos, como otros en el mundo, sean administrados con normas de emergencia que se perpetúan y fuerzan a los que mandan a moverse al borde de la legalidad.

En la penumbra del 4° piso, en torno de la boiserie que impone gravedad, se huele el Blem que acondiciona los espacios, poner todo a nuevo (aunque sea viejo) a la espera de las batallas que estallarán la semana que viene. Por la acumulación de cuestiones la Corte se blinda para actuar sin dejarse arrastrar, según sus integrantes, por las presiones que también se acumulan. El clima es de tranquilidad después de la semana que pasó, que fue cuando Lorenzetti logró unificar el criterio con los otros seis miembros de la Corte y lanzó la amenaza que hizo arrugar las alfombras del área presidencial: renunciaban todos si avanzaba el recorte a las facultades de superintendencia. Ese triunfo permite ahorrar munición para el segundo round: en la norma que aprobará el Congreso siguen afectadas tareas de la Corte para la formación de magistrados, secretarías para la mujer, contra la violencia, etc., que terminan también en el Consejo de la Magistratura. ¿Es eso judiciable?, se preguntan en el 4°. La respuesta es no, es algo que corresponde a políticas de Estado que requieren una negociación política, pero la dureza de los contactos del Gobierno con la Corte no ha dejado margen para seguir conversando, más cuando la última cuestión se zanjó con amenazas de renuncia. Querrían un interlocutor afable y de buena relación personal con todos los jueces como el ministro de Justicia, Julio Alak, pero lo ven apartado de las decisiones que, entienden, están concentradas en el despacho de Carlos Zannini y la miríada de estudios de abogados que asesoran a la Secretaría Legal y Técnica. Confían en que el trámite de las reformas en los tribunales se entorpecerá por desprolijidades, hasta de redacción, que se advirtieron en las comisiones del Congreso y que fueron enmendadas. Cuando se termina el café, el discurrir pasa de la filosofía política a la coyuntura barata y de zapatos de goma, pero remonta un poco: ¿acaso la Justicia no tiene la debilidad que tiene el pensamiento, según Max Scheler, y que quizás está ahí su poder? Es, como siempre, cabalgar sobre un tigre.

Estas frondas van animando un panorama político, como las que agitan, más en la profundidad, los despachos oficiales en donde se junta artillería para hacer avanzar el principio de acuerdo entre la Argentina y España a fin de superar el entuerto por la estatización de las acciones de Repsol en YPF. Una task force que integran delegados de Miguel Galuccio, el embajador en Madrid Carlos Bettini, y un par de sindicalistas de la petrolera que frecuentan con optimismo los pisos más altos de la torre de la empresa en Puerto Madero, confían en el resultado de la asamblea del 30 de mayo de Repsol en donde se jugará no sólo el acuerdo sino la cabeza de su actual CEO, Antoni Brufau. La confianza en los despachos oficiales surge de que el punto inicial del acuerdo nació del propio Palacio de la Moncloa, donde tiene despacho el fogonero de ese acuerdo, Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Mariano Rajoy. También de que en la empresa se libra una dura batalla entre el titular de la Caixa, Isidro Fainé, que controla Repsol, contra Brufau, que no es accionista. Esa batalla la expresa la insistencia del CEO de Repsol y de sus gerentes en que el acuerdo entró en vía muerta. Fainé, que prefiere Vaca Muerta, ya visitó hace un par de meses a Cristina de Kirchner y volverá a verla este mes en un viaje que hará a Buenos Aires antes de la asamblea de Repsol. De esos encuentros sacó la idea de que el Gobierno argentino, en la persona de la Presidente, condiciona el acuerdo a que Brufau salga del cargo. Ésa fue la razón por la cual Cristina de Kirchner faltó a la cumbre iberoamericana de Cádiz en noviembre pasado en la cual el rey Juan Carlos se despedía de esas reuniones que, durante 20 años, fueron un foro importante para la región, pero que ya perdieron gravitación.

El acuerdo que se busca implica no sólo hacer las paces por la estatización, sino sumar a Repsol en un nuevo compromiso para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos en todo el mundo. "Si no hay acuerdo, estamos en el horno, no hay inversiones", se lamentó ayer uno de los miembros de esa task force, que junta pólvora y está al tanto de que el propósito del acuerdo no sólo es salir del veraz para sumar nuevos socios, sino también para extender inversiones en por lo menos países del continente como Bolivia, Brasil, Venezuela, etc. Con optimismo también están informados por la carrera que ya se lanzó en Repsol para reemplazar a Brufau. Anotan entre ellos al vicepresidente de la Caixa, Juan María Nin, al CEO de Abertis Francisco Reynéss, Josep Piqué, dirigente del Partido Popular muy ligado a Rajoy y que administra una empresa aérea, Nemesio Fernández Cuesta, hoy COO de Repsol, o Fernando Bécquer, directivo del PP y que fue compañero de colegio de Rajoy. El asunto, en materia informativa, es terreno minado, pero los argentinos actúan con olfato de catalanes. Para éstos -Fainé, Brufau- un acuerdo con la Argentina es mejor que un pleito con un país al que se le puede sacar cualquier cosa, menos cobrarle una deuda y mucho menos internacional. Desde estas costas miran también, catalanamente, otras miserabilidades: están convencidos de que Brufau está más cerca de irse que de quedarse porque tendría ya arreglada una indemnización de 44 millones de euros. ¿Será tanto?