Ayer, el impulso desesperado del Gobierno por hacerse cargo del banco generó un capítulo aún más polémico, con la llegada de la Policía provincial a la sede central de la institución por la tarde, y el arribo y partida de camiones de caudales.
Cinco días atrás, el gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera activó en la Legislatura local, y en medio de una escandalosa sesión, el debate sobre la expropiación del 70 por ciento de las acciones del banco, ya que el 30 por ciento restante pertenecía al Estado provincial. Con uso de una mayoría especial automática con la que cuenta el oficialismo, el proyecto fue sancionado ese mismo día, tal como contó Ámbito Nacional en su edición del viernes último.
Beder Herrera argumentó que el grupo privado -también titulares del Banco de Santiago del Estero- incumplió varios puntos del contrato que había firmado con la provincia para ser su agente financiero, y dijo que el distrito debía ser resarcido al menos en 600 millones de pesos.
La respuesta de los privados fue igual de potente, con un informe que detalla que "los funcionarios a cargo de los controles internos del NBLR detectaron irregularidades con respecto a 96 entidades -varias ONG-, a muchas de las cuales debió procederse a cerrar sus cuentas".
Además, verificaron que "20 de esas entidades habían realizado trámites cuyos antecedentes debieron ser elevados a la Unidad de Información Financiera por existir operaciones sospechosas en el marco de la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", y que "15 entidades recibieron en los últimos 18 meses aproximadamente $ 570.000.000, que de ese importe se retiraron por caja más de $ 300.000.000 en efectivo".
"Si el gobernador quiere que me vaya me voy a ir, pero no por la puerta chica", señaló el presidente del NBLR, Jorge González, quien dejó en claro que las autoridades continuarán en sus cargos hasta tanto lo disponga el Banco Central, y destacó que la institución "tiene la mejor nota del sistema financiero".
| Mariano Casal |
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