La Scala amenazó ayer al Gobierno italiano con cerrar

Roma - El teatro Alla Scala de Milán ha manifestado su descontento por la recién aprobada ley sobre las fundaciones líricas, que prevé cambios en la gestión y financiación de los teatros, y ha amenazado al Gobierno italiano con cerrar sus puertas si no se aprueba un reglamento específico. El superintendente de la Scala, Stéphane Lissner, pretende negociar un reglamento específico para el teatro a fin de desmarcarse de esta ley que contempla «ayudar a los teatros en crisis», pero que «puede llevar a la crisis a un teatro que estaba sano», manifestaron ayer fuentes de la institución.

La norma prevé cambios en la asignación de los subsidios estatales y en la organización y el funcionamiento de las fundaciones líricas, según principios de eficiencia. Para aquellas fundaciones que, como La Scala, estén en buenas condiciones económicas -tres años consecutivos de balance positivo, un 40 por ciento de recursos propios, una alta productividad y renombre internacional- el texto prevé «una forma organizativa especial».

«Si no hay autonomía para La Scala, el teatro cerrará», ha manifestado Lissner, que tiene previsto reunirse con el ministro italiano de Cultura, Sandro Bondi, la próxima semana para acelerar la aprobación de este reglamento especial con el fin de que éste especifique una gestión autónoma, que no está formalizada en la ley. Los representantes del sector consideran que el texto forma parte de «la persecución» del gobierno de Silvio Berlusconi a la cultura italiana y, desde su aprobación como decreto, el 16 de abril, se han sucedido protestas, huelgas y la suspensión de representaciones como la del «Simón Boccanegra», en La Scala, protagonizada por Plácido Domingo.

A este descontento se suman los recortes que sufrirá el sector cultural a raíz del plan de ajuste económico aprobado por el Gobierno para los próximos dos años, que prevé la reducción de fondos en 232 entidades e instituciones culturales.

La Scala ha denunciado el alcance de los recortes y teme que éstos puedan llevar a su total privatización, puesto que actualmente el Gobierno financia un 25% de su presupuesto, una cifra baja si se compara con la de otros grandes teatros europeos.