Las metas económicas del Gobierno son incompatibles

Cualquiera sea el resultado de las elecciones del domingo, el Gobierno se enfrenta en materia económica a una serie de encrucijadas y desafíos muy complejos que plantean metas y objetivos muy difíciles de resolver en forma simultánea.

La incompatibilidad más evidente se da entre la meta de reducir la inflación y el aumento de tarifas, lo que lleva a encumbrados funcionarios de Casa Rosada y del Ministerio de Hacienda a reconocer que la contención de precios les va a costar más de lo que pensaban y a ser escépticos acerca del cumplimiento de la meta de inflación del 10 por ciento para 2018 que fijó el Banco Central y que fue incluida en el proyecto de Presupuesto para el año próximo.

Calculan que los aumentos ya programados y los aún no definidos en electricidad y gas, más el postergado incremento en el transporte y el ajuste en agua, van a sumarle alrededor de 3 puntos a la inflación anual de 2018. Tomando en cuenta eso y la inercia que están mostrando los precios, se entiende que los pronósticos privados que recopila el Relevamiento de Expectativas del Banco Central promedien 15,8 por ciento, más de 5 puntos porcentuales por encima de la meta oficial. El mismo desfase entre el techo del 17 por ciento de la banda de inflación que Federico Sturzenegger fijó para este año y el resultado final que rondará el 22 por ciento. El presidente del BCRA no tuvo más remedio que admitir que "hay un gap de credibilidad" entre su meta y lo que esperan los consultores.

Pero en el esquema oficial los aumentos de tarifas son imprescindibles para que el Gobierno pueda cumplir con la meta de bajar el déficit fiscal primario al equivalente al 3,2 por ciento del Producto Bruto, ya que la consecuente reducción de los subsidios explica algo más de la mitad del desequilibrio que pretenden achicar.

Otro par de objetivos difícil de conjugar son el endeudamiento y el mantenimiento del tipo de cambio. Al igual que en los primeros dos años de gestión, el ministro Luis Caputo se encargará de seguir obteniendo financiamiento externo para cubrir parte del déficit fiscal, lo que implicará un considerable ingreso de divisas que reforzará la oferta y meterá presión bajista al dólar. Esa incompatibilidad será mayor en la medida que las provincias y el sector privado tomen crédito internacional, y que la relación entre la tasa de interés local y la devaluación esperada estimulen el ingreso de dólares especulativos para aprovechar la bicicleta. Al revés, la presión a la baja del tipo de cambio se atenuará si el incesante proceso de dolarización y fuga por parte de ahorristas continúa.

Si bien la apreciación cambiaria puede ser funcional al objetivo de contener la inflación, podría agudizar los ya muy elevados déficits de balanza comercial y de cuenta corriente, y conspiraría contra el objetivo oficial de motorizar el crecimiento a partir de las exportaciones.

El crecimiento y la política monetaria que el Gobierno viene manteniendo tampoco son buenas compañías. Si el presidente del Banco Central continúa utilizando tasas de interés altas como forma de absorber parte de la expansión de dinero que genera el déficit fiscal, el nivel de actividad se verá afectado. A menos que uno crea que el nivel de la tasa de interés no influye en las decisiones de inversión, consumo y producción.

Los salarios y la competitividad plantean otro intrincado dilema. Los empresarios se quejan y reclaman por lo que consideran un excesivo costo laboral, algo que el Gobierno, lejos de rechazar, comparte. Pero la reducción del costo laboral por la vía de rebaja de aportes y contribuciones se choca con la restricción fiscal, y si pretendieran concretar la inconfesable intención de rebajar el salario real se toparían con una fuerte resistencia social; incluso en un contexto político facilitado por un triunfo electoral el domingo, y en el que la principal dirigencia sindical se muestra dialoguista.

La reforma tributaria también encuentra sus incompatibilidades. La primera viene dada porque la principal premisa de la que parte el Gobierno es que la presión impositiva es elevada, de lo que se desprende que el resultado global del cambio que quieren impulsar resentiría la recaudación y agravaría el problema fiscal. Pero hay otra incompatibilidad que se origina en la concepción política que tiene el Gobierno sobre los impuestos, despreciando el enorme margen que existe, tanto a nivel nacional como provincial, para aumentar con criterio progresivo los impuestos patrimoniales, para gravar consumos suntuarios y para incrementar considerablemente las alícuotas de Ganancias a los altos ingresos.

Una vez conocido el resultado de las elecciones del domingo, hay que reenfocar la atención y el análisis a la forma en que el Gobierno va a lidiar con ese conjunto de objetivos en conflicto o directamente incompatibles.