Lavado: ante fiscales, Alak pidió condenas

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Julio Alak reclamó ayer una mayor eficiencia para lograr resultados en el plano judicial en la persecución del delito de lavado de dinero. En una clara señal a la concurrencia, entre ellos, integrantes del Ministerio Público, contó que actualmente sólo hay cinco condenas a lavadores. La respuesta, en voz baja, fue señalar diversas trabas procesales que impiden una mayor efectividad en las investigaciones. Comentarios y observaciones que ya se habían escuchado durante la visita del funcionario a la Universidad de Cambridge, semanas atrás.

La exposición de Alak abundó en cifras y estadísticas. Consignó un aumento en el número de Reportes de Operaciones Sospechosas que procesó la UIF en el último año (25.000) y sostuvo que «en materia judicial, a la fecha hay cinco condenados, 11 detenidos y 34 procesados». Luego, el titular de la cartera de Justicia comentó que espera «profundizar la eficiencia de un sistema que hace tan sólo tres meses, en Roma, recibió la felicitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)».

Objeciones

En el ámbito judicial, las medidas del Gobierno en esta materia suelen ser bien vistas, aunque al momento de la letra chica hay fuertes objeciones. Jueces y fiscales entienden que si bien la Ley 26.683 (que en 2011 creó la figura penal del autolavado) es un logro, también la ven como una norma incompleta, en la que no se han tipificado los delitos que dan origen a los bienes que los lavadores colocan en el mercado. En el plano internacional se señalan puntualmente la corrupción y el narcotráfico.

Los funcionarios encargados de investigar a lavadores, algunos de los cuales ayer escucharon a Alak, entienden que si la legislación contempla sólo la parte secundaria del delito (el lavado en sí mismo), suele ser complejo imputar a sospechosos a pesar de que continúe aumentando el número de sujetos obligados a reportar operaciones de dudoso origen.

El mes pasado, Alak viajó a Cambridge a un simposio internacional sobre crimen financiero, donde expuso el plan antilavado del Gobierno y recibió distintos reconocimientos por parte de académicos. Allí también se mencionó, en cenas y cócteles, que la persecución judicial a lavadores suele ser dificultosa en todos los países. Para el oficialismo es un tema sensible, ya que aspira a que el país deje de ser monitoreado por el GAFI.

Registro

Además de los resultados judiciales, el organismo multilateral espera avances en relación con la decomisación de activos vinculados al lavado de dinero para lo cual el Ministerio de Justicia instrumentó un registro especial semanas atrás.

En el Poder Judicial hay escepticismo sobre esta iniciativa, ya que se entiende que el hecho de que los bienes secuestrados no estén bajo la tutela del juez a cargo podría devenir en nuevas demoras en las investigaciones.

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