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Legado: Cristina liberó a las provincias para ir a la Corte
Sergio Urribarri y Maurice Closs
De esta forma, la jefa de Estado saliente le obsequia un doble legado de plomo a su sucesor:
• Una sorpresiva renovación del Programa de Desendeudamiento hasta diciembre de 2016, abandonando así su carácter trimestral y sumergiéndose en el primer año de gestión de Mauricio Macri, y
• El levantamiento del freno para litigar que impedía a los gobernadores disparar embestidas judiciales por fondos contra Nación como condición (legal y de sintonía política) para recibir el beneficio de la reprogramación. Esta última exigencia llevó al cordobés José Manuel de la Sota a quedar fuera del lote de Ejecutivos beneficiados por el plan, lanzado por la Presidente en mayo de 2010.
Bajo esta vía libre que deja la primera mandataria, y tal como informó este diario, estalló ya el previsible efecto cascada y los gobernadores ya hacen fila para exigir la devolución de los millonarios recursos que les corresponden, a la espera además de una solución política de la mano de una nueva ley de coparticipación que el mismo fallo del máximo tribunal nacional reclama.
Por esa senda incursionan, por caso, los mandatarios salientes justicialistas Francisco Pérez (Mendoza) y Sergio Urribarri (Entre Ríos, además de su par de Misiones, Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia).
La decisión
"Déjanse sin efecto los desestimientos que la provincia hubiera realizado de la acción y del derecho respecto a litigios y/o reclamos relacionados con la impugnación constitucional del art 76 de la ley 26078 y de los artículos 1°inc a) y 4° del Decreto 1399/01, a través de convenios celebrados en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas", sostiene el instrumento legal que acompañó la ampliada renovación de la tregua en los pagos de los vencimientos de deuda de las provincias con Nación.
El pasado martes, la Corte nacional ordenó frenarle -por inconstitucionales- a Santa Fe, San Luis y Córdoba los recortes del 15% en los envíos de coparticipación nacional para financiar a la ANSES, y devolver lo retenido desde 2006. Pero un esquema similar aplicó para los tijeretazos del 1,9% que datan de 2001 sobre las transferencias, en el caso de San Luis. Las resoluciones involucran fondos por cerca de $ 89 mil millones.
Sin embargo, se trata de ajustes que, en rigor, sufren todas las provincias. Con la vía libre para demandar, veamos algunas de las avanzadas que muestran en las últimas horas las provincias:
• En Misiones, el ministro de Hacienda local, Adolfo Safran, confirmó que la Provincia elevará el reclamo ante la Corte en pos de que cesen los recortes del 15% en la coparticipación, del orden de los $ 130 millones mensuales.
"Este fallo nos da pie para empezar a pedir el inmediato cumplimento de esta norma", dijo, además de remarcar que "esto va generar un espacio de discusión que va a obligar a Nación a negociar con las provincias para ver cómo se pacta una nueva ley de coparticipación".
• En Entre Ríos, en sintonía, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que autoriza a la Fiscalía de Estado a accionar contra el Gobierno Nacional para reclamarle "la inmediata extinción de los efectos jurídicos emergentes del acuerdo" y "el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables".
• Se suman a Mendoza, que ya desplegó cartas documento al Ministerio de Economía nacional, la AFIP y el Banco Nación para que se abstengan de seguir reteniendo fondos coparticipables y para que les devuelvan los fondos tajeados.
• Por su parte, desde Santa Cruz, el saliente Daniel Peralta advirtió que se "anticipa una negociación dura de los estados provinciales", aunque no confirmó si avanzará en la vía judicial o dejará la posta a su sucesora, Alicia Kirchner.


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