Legislatura porteña aprobó transferencia de la Justicia

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La polémica por el traspaso tuvo ayer eco en una sesión especial que quiso ser interrumpida por activistas que se oponen a la medida resuelta por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Una protesta de sindicalistas demoró la sesión especial convocada para ayer en la Legislatura porteña en la que se aprobaron, como tema principal, los cuatro proyectos que acordaron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para el traspaso de parte de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La batucada de un grupo en discordia obligó a los legisladores, en la sesión presida por Diego Santilli, a pasar a un cuarto intermedio por casi dos horas. No fue el único tema de la sesión que comenzó con el tratamiento de una batería de proyectos sobre tablas referidos a declaraciones de diferente tenor. Entre ellas, fueron rechazadas por el recinto dos pedidos de declaración de adhesión al paro general convocado por la CGT para hoy.

La sesión especial fue convocada tras levantarse la prevista para la semana pasada, ante la muerte abrupta ocurrida el día anterior de Enzo Pagani, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y fuera uno de los principales impulsores de la transferencia de la Justicia.

Los activistas de ATE se oponen al pase de los juzgados, como también hay resistencia de jueces a perder el status de magistrados nacionales. Inclusive el gremio de los judiciales nacionales ya paralizó durante un día y medio los Tribunales para manifestar su desacuerdo con la transferencia. Ayer, empleados de la Inspección General de Justicia integraron el grupo que ingresó al recinto de la Legislatura porteña e impidió el inicio de la sesión.

Por eso la aprobación ayer de los convenios contó con un doble propósito. Por un lado, ratificar la voluntad de la Ciudad de ampliar su autonomía, acotada por la llamada ley Cafiero cuando se decidió que el distrito eligiera sus propias autoridades. Por otro, avanzar en una sanción que, en definitiva, no tendrá sentido si no hace lo propio el Congreso de la Nación.

Después vendrá, como ocurrió con el pase de parte de la Policía Federal, la discusión por los fondos que recibirá Rodríguez Larreta para hacerse cargo de las nuevas transferencias si finalmente se concretan.

Con la sanción de los cuatro proyectos, el PRO apurará a sus pares nacionales para que impongan el debate en Diputados.

El paquete de proyectos que presentó Rodríguez Larreta el año pasado contiene el traspaso de la Justicia del Consumidor, de la Inspección General de Justicia, del Registro de la Propiedad Inmueble y de una porción de los fueros penales. De todos modos se plantea una transferencia progresiva que comenzaría con los juzgados vacantes.

El traspaso de la competencia en temas de consumidores contempla a su vez que queden bajo dependencia de la Ciudad de Buenos Aires ocho Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Fiscalías; tres Defensorías Públicas Oficiales; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones; Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones y una Defensoría.

Otro proyecto es el que dispone el traslado de Inspección General de Justicia, lo que resultó polémico cuando la propia Ciudad definió contar con una oficina propia para la inscripción de empresas, pero no fue avalado. El traslado en este caso se hará en todas las materias no federales.

El tercer proyecto es el que acuerda traspasar la competencia penal no federal relativa a delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública y la fe pública.

El cuarto convenio finalmente es para la trasferencia del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, lo que incluye transferencia de bienes y del personal, lo mismo que en el discutido caso de Inspección General de Justicia.

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