Ley de ART: Diputados la aprobará en dos semanas

Carlos Tomada

La próxima ley de accidentes de trabajo fue aprobada sin cambios ayer en una sesión plenaria de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Presupuesto y Legislación General de la Cámara de Diputados. La norma, que llega con media sanción del Senado, será votada en el recinto de la Cámara baja el próximo 24 de octubre, y se espera que sea votada a libro cerrado por los legisladores del Frente para la Victoria.

El proyecto había sido enviado por el Ejecutivo, luego de casi un lustro de virtual vacío legal, provocado por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia; en uno declaró inconstitucionales los topes indemnizatorios fijados en la ley vigente; el otro habilitaba la «doble vía», o sea, cobrar la indemnización de la ART (Administradoras de Riesgos de Trabajo) y luego acudir a la Justicia laboral para reclamar un monto mayor. La nueva norma elimina la doble vía.

Ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, concurrió al plenario para defender la iniciativa oficial. Uno de sus interlocutores fue Héctor Recalde, abogado (¿seguirá siéndolo?) de la CGT y de Hugo Moyano durante toda la última década, e impulsor de proyectos de leyes laborales que ponían los pelos de punta a los empresarios (por caso, el de la participación de delegados gremiales en los directorios de las empresas). Recalde parece haber bajado sus banderas y acatar la orden oficial de votar la ley tal como se la remitió, pese a que ese proyecto difiere y en mucho del proyecto que él había presentado hace tres años.

Antes del voto en el recinto, los diputados prometieron recibir el martes próximo a representantes gremiales y empresarios. Por razones obvias (es la rama de la economía más afectada por los accidentes de trabajo), la industria -representada por la Unión Industrial Argentina- llevará la voz cantante del sector empresarial; todavía no está claro quiénes irán a polemizar con la UIA: hay tres CGT y dos CTA que se disputan la representación de los trabajadores.

Curiosamente, Tomada dijo ayer en la sesión plenaria que «el mayor nivel de conflictividad de la ley actual está centrado en el sistema indemnizatorio de los trabajadores; la reparación integral de esta situación no podía resolverse por decreto». El ministro impulsó hace dos años un decreto -que luego firmó la Presidente aumentando los montos indemnizatorios a cargo de la ART, argumentando que eso acabaría con la «industria del juicio» que se desató a partir de los fallos de la Corte. Hoy se estima que hay un «stock» de indemnizaciones con fallos firmes o pendientes superior a los u$s 2.000 millones.

Para intentar evitar la expansión de las demandas laborales, la nueva ley prevé la actualización de los montos mínimos de las indemnizaciones cada seis meses, el cómputo de los intereses a pagar por las ART desde el momento del siniestro, pero -sobre todo- la imposibilidad de ir a la Justicia una vez cobrada la indemnización de ley.

Los trabajadores podrán optar, eso sí, por iniciar juicio o percibir lo previsto en la legislación. Sin embargo, el camino por recorrer dejará de ser tan sencillo como lo es hasta ahora: en las demandas que se planteen por «monto insuficiente» dejará de intervenir la Justicia laboral, y será sustituida por el fuero civil. Un viejo adagio de los abogados laboralistas afirma que una demanda en el fuero del Trabajo «está ganada antes de empezar»; el Civil es aún una incógnita.

Finalmente, la ley permite la creación de «ART mutuas», entidades sin fines de lucro en las que participarían empresarios y representantes sindicales. Esto podría ser el primer golpe hacia la eliminación de las empresas administradoras de riesgos de trabajo, un sector muy vinculado en su creación a las ya eliminadas AFJP (administradoras de fondos de pensión). Si bien el proyecto no lo establece de forma taxativa, sería intención del Gobierno transferir todos los afiliados a las ART a estas «mutuas» una vez que las gremiales de patronos y trabajadores se pongan de acuerdo en su conformación.

En lo que hace a la cuestión de fondo, de todos modos, la norma será aprobada sin mayores inconvenientes dentro de dos miércoles, cuando sesione la Cámara de Diputados.