Ley de expropiación: el diablo está en los detalles

Axel Kicillof no aportó novedad alguna ayer cuando anunció que el acuerdo cerrado con Repsol y aprobado por la española debería pasar por el Congreso. Es lo que fija la ley, tanto para ratificar ese convenio de expropiación como para autorizar la emisión de deuda para pagarle a la petrolera.

El procedimiento lo establece tanto la propia ley de expropiación del 51% de las acciones de Repsol como la Ley Nacional de Expropiaciones que fue sancionada por el Gobierno militar en 1977 y que es citada en el articulado de la ley que declara sujetas a expropiación las acciones de YPF.

El anuncio del envío al Congreso del pedido para la emisión de deuda estará, sin duda, en el centro del mensaje presidencial con el que Cristina de Kirchner abrirá las sesiones ordinarias el viernes.

Será un mensaje con fuerte tono económico que no se limitará al caso Repsol-YPF. Y quizá la emisión de deuda que deberá autorizar el Congreso, como indica la Constitución, tampoco se limite a eso: se espera que el proyecto final que llegue a las cámaras incluya un colectivo de otros pagos que el Estado debe hacer en esta primavera de conciliación con el mundo exterior que el Gobierno inauguró a fin de 2013 corrido por los problemas que acumuló hasta ese momento. Por ejemplo, no se descarta que la emisión incluya alguna señal hacia los holdouts, en danza ante la Corte Suprema en Washington.

El problema es que, más allá de los festejos por el acuerdo y el anuncio al Congreso, el diablo está en los detalles. La ley de expropiación, la nacional y la específica para las acciones de YPF, establecen que el precio a pagar a la petrolera no saldrá de un acuerdo como el que se selló sino de la valuación que presente el Tribunal Nacional de Tasaciones. Hasta ahora, y después que el Gobierno proclamara denuncias por el vaciamiento de YPF y la voluntad de no pagar ni un peso, ese tribunal no hizo pública esa valuación que exige la ley.

Queda claro que aparecerá antes que el proyecto llegue al Congreso. Sería imposible que no existiera: cuando el Poder Ejecutivo pide autorización para emitir deuda debe explicar qué va a pagar con ella.

Por lo tanto en el Senado y Diputados deberá discutirse en sesiones abiertas el acuerdo, las condiciones de negociación, la valuación y los bonos a emitir, que para este caso son 500 millones en Bonar X, 1.250 millones en Discount 33 y 3.250 millones en Bonar 24, más otro paquete complementario por 1.000 millones en bonos, obviamente todo en dólares.

El guante fue demasiado obvio para que la oposición no lo levantara: Pino Solanas ya pidió la auditoría ambiental obligatoria, que el kirchnerismo puso en la ley cuando no quería acordar con Repsol, y Julio Cobos exige que aparezca la valuación del Tribunal de Tasaciones.