Tras el caso de Carolina Píparo, se sancionó la Ley 26.637 de Seguridad Bancaria, que obliga a los bancos a adoptar medidas para reforzar la seguridad de las cajas. Esta medida impuso a las entidades la instalación de mamparas o pantallas visuales que impidieran ver a los clientes mientras realizan una transacción por ventanilla. La norma establece lo mismo para los cajeros automáticos, pero nada ocurrió al respecto. Tampoco se instalaron inhibidores o bloqueadores de las señales de celulares dentro de sus edificios. Sólo se prohibió su uso.
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