Amado Boudou (Economía), Julio Alak (Justicia) y Jorge Coscia (Cultura), ayer durante la asunción de los nuevos miembros del gabinete.
El nuevo ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, ganó ayer la pulseada y retuvo el control de las fuerzas de seguridad, tradicionalmente a cargo del nuevo jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante los gobiernos kirchneristas. Minutos después de asumir como el nuevo titular de la cartera, Alak confirmó que no iba a realizar cambios importantes en el Ministerio y planteó una incipiente agenda al asegurar que su objetivo principal iba a ser «garantizar la seguridad del ciudadano». Sus afirmaciones, apenas minutos después de la jura de los nuevos integrantes del gabinete, establecieron así un acotado parámetro de modificaciones para la cartera.
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En realidad, la pregunta central que ayer circulaba respecto del Ministerio de Justicia era si Alak iba a mantener la postestad sobre la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Metropolitana, con el traspaso de ministros. Fernández ya se había llevado con él la Secretaría de Seguridad, cuando se mudó de Interior (que históricamente manejaba la fuerza) a Justicia. Incluso hay un precedente del manejo de esta Secretaría desde la Jefatura de Gabinete, durante el Gobierno de Carlos Menem, cuando el brigadier Andrés Antonietti era su titular. Pero esa duda fue despejada rápidamente por el propio Fernández, quien, en sus últimas horas a cargo de la cartera, aseguró que la Policía Federal seguirá en la órbita del Ministerio de Justicia.
El ex intendente de La Plata y saliente titular de Aerolíneas Argentinas reconoció que lo había sorprendido la designación y dijo que es «un soldado» que tiene «lealtad» a la Presidente. Señaló, además, que iba a trabajar para «profundizar» el modelo planteado por Fernández y que iba a estimular «el diálogo con todos los sectores, incluso con los que no pertenecen a organismos gubernamentales».
Una buena idea teniendo en cuenta que Alak aterriza en una cartera que tiene que trabajar con un Poder Judicial cada vez más distante y crítico del Ejecutivo. En especial, si se tiene en cuenta que Fernández dejó temas pendientes de peso para la opinión pública, como su impulso del proyecto de la despenalización de la droga y los crecientes reclamos por la baja de la edad de imputabilidad. Tema que ayer fue tratado en el Senado, con la votación del nuevo régimen penal de minoridad y cuyo debate se reactivará pronto, junto con el de la inseguridad, no bien pasen los reposicionamientos poselectorales.
Por otro lado, la llegada de Alak al Ministerio no generó demasiadas reacciones; ni siquiera los organismos de derechos humanos (sector claramente alineado con el nuevo ministro, quien en su juventud fue defensor de presos políticos durante el Proceso militar) se expresaron respecto de su asunción. Tampoco la Corte, de feria por la gripe A. Sí tuvo como sorpresa de bienvenida una denuncia en su contra, radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide, por supuesto incumplimiento de una orden judicial de reincorporar a 25 trabajadores, supuestamente marginados de Aerolíneas Argentinas por diferencias gremiales y que siguen percibiendo sus salarios. La acusación fue realizada por el abogado José Magioncalda, quien sostiene en su escrito que el directorio de Aerolíneas Argentinas produce una «disminución del patrimonio del Estado por las multas que debe abonar, y también en razón de los salarios y cargas sociales que paga la línea de bandera sin obtener contraprestación laboral alguna por parte de los trabajadores que no han sido restituidos en sus funciones». El breve paso de Alak por AA provocó lo que 16 años a cargo de la intendencia de la Plata no: que el nuevo ministro sea denunciado, paradójicamente, el día de su asunción de la cartera de Justicia.
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