López dijo que nunca controló el programa Sueños Compartidos

Bajo un fuerte operativo de custodia, el exsecretario de Obras Públicas aseguró que no era su función verificar la construcción de viviendas sociales.

Dieta. López le confió a sus abogados que perdió 15 kilos en la cárcel.

 El exsecretario de Obras Públicas José López aseguró ayer que no tenía a cargo el control de los fondos públicos que se entregaron a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales y sostuvo que luego del escándalo de los hermanos Schoklender, en mayo de 2011, ordenó una auditoría que descartó el desvío de fondos públicos. López, detenido por enriquecimiento ilícito, prestó declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien hoy tiene previsto recibir a la titular de la Asociación, Hebe de Bonafini, con la advertencia de que si no se presenta, será llevada por la Policía.

López, en su descargo, negó la acusación en su contra basada en la falta de controles de esos fondos girados por la Nación. El magistrado lo imputó por la falta de seguimiento de esos fondos públicos, ya que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió $748 millones, pero se estima que unos $206 millones fueron desviados hacia otros fines que no fueron la construcción de viviendas sociales. Al presentarse ante Martínez de Giorgi, el exfuncionario dijo que el control de los fondos estaba a cargo -sobre todo tras la muerte en 2009 de Luis Bontempo, de Desarrollo Urbano y Vivienda- del subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y que una vez que los mismos llegaban a la jurisdicción donde se realizaba la obra, era el Municipio o bien la Gobernación la que se ocupaba de realizar el seguimiento.

"El seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, el control y aprobación de los certificados", añadió. Y agregó que "el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional".

"Los certificados de obra eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financimiento que era el compromiso del Estado nacional. Una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado", señaló.

Según sostuvo López, cuando renunciaron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo (en mayo de 2011), ordenó una auditoría sobre las obras públicas en el programa "Sueños Compartidos".

Las conclusiones de la auditoría, revelaron que "el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio y, en segundo lugar, que los avances tanto físicos como financieros se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones a las subsecretarías".

En el marco de esta causa, el juez citó a todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, pero también a gobernadores e intendentes que recibían los fondos estatales: entre los funcionarios que deben declarar se destacan el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich; y el exgobernador de Misiones Maurice Closs, entre un total de 43 imputados, que incluyen al presidente del PRO, Humberto Schiavoni.

Fuertemente custodiado en su traslado a los tribunales federales, López le dijo a sus abogados que desde que fue detenido en General Rodríguez con bolsos cuyo contenido eran casi u$s9 millones, perdió 15 kilos a lo largo de su detención en el penal de Ezeiza.