Los dos jueces pidieron que la Auditoría revise a las Madres

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La Auditoría General de la Nación decidió ayer iniciar la revisión de las transferencias de fondos que el Gobierno hizo a las provincias y municipios para la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Esto implica que por primera vez revisará el camino que siguieron los $ 765 millones de fondos públicos que fueron a financiar ese programa.

La decisión de intervenir en medio del escándalo por el caso Schoklender se tomó ayer en la reunión del colegio de auditores y la confirmó el propio Leandro Despouy, presidente de la AGN: «Lo que hicimos hoy fue formalizar la auditoría. Fijamos los primeros casos. Definimos cómo incorporar las solicitudes del Congreso, desde donde ya comenzaron a llegar algunos pedidos como el de Gerardo Morales o Juan Carlos Morán».

En realidad, la AGN no necesita que le realicen un pedido para avanzar con auditoría a un programa; está facultada para tomar esa decisión por sí misma. Pero de todas formas, esta vez hubo matices: fueron los propios jueces, Norberto Oyarbide y Marcelo Martínez de Giorgi, los que pidieron a la Auditoría información sobre la causa de Madres y Schoklender y sugirieron la necesidad de realizar una auditoría.

«La propia Justicia le pide información y que auditemos», reconocía anoche Despouy.

El objeto de la auditoría al programa Sueños Compartidos será doble: se revisará el marco jurídico que habilitó la transferencia de fondos públicos para vivienda a una institución como Madres de Plaza de Mayo, que tercerizó la construcción, y la «ruta del dinero».

En este caso los $ 765 millones que se transfirieron a Madres pueden parecer pocos frente a las transferencias generales que llevó adelante este Gobierno en el último período fiscal: $ 133.000 millones a Estados provinciales, municipios y al sector privado para distintos programas.

Está claro que esta ruta, que no está seguida normalmente por los controles que supone el Presupuesto nacional, fue una de las referidas de la era Kirchner. En 2008 ese tipo de transferencias fue de $ 60.000 millones, por lo que se duplicaron en sólo dos años.

De ahí que se le exigirá a la AGN que revise cómo fue ese dinero a cada provincia, cómo esa provincia paga y dónde se depositaron los cheques dirigidos a Madres, que pudieron ir a otro lugar donde se transforman en activos.

De hecho, se pondrá en la mira también el proceso de las debidas certificaciones de avance de obra en las provincias y municipios para la liberación de pagos ya que uno de los interrogantes por develar será cómo supuestamente se cambiaron los cheques que fueron entregados contra esos certificados.

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