Los fiscales de la “Lava Jato” acusaron al Supremo de dar impunidad a los políticos

La corte ordenó excarcelar a José Dirceu hasta que tenga condena firme. Priva así al juez Sérgio Moro de su principal (y polémica) estrategia para quebrar a sospechosos y convertirlos en arrepentidos.

MENSAJE. Manifestantes de un colectivo anticorrupción escracharon en Brasilia al juez del Supremo Gilmar Mendes, considerado el responsable de la liberación de un notorio político condenado en el marco del “petrolão”.

Brasilia y Curitiba - La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de poner en libertad a uno de los símbolos de la corrupción en Brasil, José Dirceu, ex jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, derivó ayer en un grave choque entre la alta corte y los fiscales de la operación "Lava Jato", que denunciaron una maniobra para dar impunidad a los acusados.

El juez federal de Curitiba (estado de Paraná) Sérgio Moro, principal impulsor del operativo contra la corrupción en Petrobras, se vio forzado a acatar la decisión del STF y envió a Dirceu a su residencia en Vinhedo, en el interior del estado de San Pablo, con una tobillera electrónica, hasta que tenga condena firme.

En tanto, los fiscales de la operación "Lava Jato" (lavadero de autos) que trabajan junto con el magistrado reaccionaron con indignación al otorgamiento de un habeas corpus a Dirceu, de 71 años, condenado en primera instancia en dos causas a 35 años de prisión por corrupción.

"Las esperanzas puestas en la más alta corte del país quedaron frustradas", escribió el jefe del equipo de fiscales, Deltan Dallagnol, quien intentó presionar al tribunal haciendo una denuncia más contra Dirceu por presunta corrupción antes de la discusión del fallo.

"Lo que está ocurriendo es la destrucción lenta de una investigación seria", disparó, por su parte, el fiscal federal Carlos Fernando Lima. Hay quienes "creen que la población ya no está atenta a los que pasa, que tal vez esté anestesiada ante tanta corrupción", agregó.

Carlos Fernando Lima y Deltan Dallagnol son los principales miembros del equipo del juez Moro.

"Lo que hicieron los fiscales es casi un jueguito juvenil", respondió el juez de la corte Gilmar Mendes, cuyo voto resultó decisivo para sacar de la cárcel a Dirceu, jefe de gabinete de Lula entre 2003 y 2005 y su mano derecha durante décadas. La votación de una cámara del STF terminó por tres a dos.

Lo que está en juego, de fondo, es una impugnación del STF a una de las herramientas más usadas por Moro y los fiscales, la prisión preventiva prolongada, como modo de quebrar a los acusados, convertirlos en delatores de la justicia y acceder así a información que les permitiera acorralar a personajes cada vez más poderosos de la política y los negocios. Esa estrategia ha sido denunciada repetidamente como inquisitorial y de dudosa legalidad por los abogados de los acusados y diversos especialistas.

El defensor de Lula da Silva y de su ex ministro de Economía Antonio Palocci, José Roberto Batocchio, aplaudió al STF: "Se terminó el derecho penal del terror. Es la justicia actuando por encima de los ruidos de la opinión pública".

Tras el fallo, conocido el martes a última hora, unos cincuenta integrantes del colectivo derechista Vem Pra Rua (Vení a la calle), que ganó notoriedad ál pedir el juicio político de Dilma Rousseff, se manifestaron frente al Supremo Tribunal Federal en Brasilia al grito de "Gilmar traidor". Ese magistrado es considerado un aliado de Michel Temer, mencionado como solicitante de sobornos por delatores de la causa "Lava Jato" y que tiene a ocho de sus ministros investigados por corrupción.

Gilmar Mendes es un abierto crítico del PT y no esconde sus preferencias por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que ahora gobierna en coalición con Temer. El juez fue abogado general del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), otro de los sospechados, quien lo propuso al STF.

Pero en las últimas semanas Mendes se unió a gran parte de la comunidad jurídica que cuestionaba que el supuesto carácter abusivo de las prisiones preventivas dictadas por Moro, que, entre otros ejemplos, lograron que los 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht confesaran aportes ilegales a casi todos los partidos políticos del país y a varios del exterior a cambio de beneficios en contratos.

Dirceu ha sido condenado en dos casos por corrupción en el marco del "petrolão" -una de 23 años y otra de 11 años y tres meses- y fue considerado el cerebro del "mensalão", la red para el pago a partidos aliados en el inicio del gobierno de Lula (2003-2010).

Dirceu está acusado por la fiscalía de haber recibido 2,4 millones de reales (755.880 dólares al cambio actual) de las firmas de ingeniería UTC Engenharia y Engevix Engenhariapara hacer lobby ante gobiernos latinoamericanos. El dinero negro supuestamente salió de contratos fraudulentos en Petrobras.

La decisión de la corte se produce en medio de la expectativa por el primer interrogatorio al que se someterá el ex presidente Lula el próximo miércoles 10 ante el juez Moro.

La queja de los fiscales de la operación "Lava Jato" llega también una semana después de que el Senado, por unanimidad, aprobó elevar las penas por abuso de autoridad a jueces, fiscales y comisarios. Fue un mensaje de la clase política, masivamente implicada en las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht, a la despectivamente llamada "república de Curitiba".

Agencias Télam, ANSA y AFP, y Ámbito Financiero