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Los “horrores” del ministro Aranguren
En primer lugar, no comparto su diagnóstico de que encontró un sector energético "en crisis". Las inversiones entre 2003 y 2015 superaron los 25 mil millones de dólares, que pueden verse en la terminación de Yacyretá, de Atucha II (paralizadas por los notables que ahora lo "aconsejan"), en los 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión que anillaron todo el territorio continental argentino o en los 12 mil megavatios que aumentó la capacidad instalada, pasando el pico de consumo de 14.500 megavatios en 2003 a más de 25.000 en 2015. Nadie puede calificar de esa manera a un sistema con esas características.
En relación con las objeciones técnicas del ministro al proyecto de represas Kirchner-Cepernic, diseñado durante nuestra gestión, la verdadera discusión es entre visiones políticas e ideológicas antitéticas sobre el federalismo y la necesidad del Estado nacional como promotor de un desarrollo equilibrado.
Es así que para Aranguren la Patagonia sólo puede ser el patio trasero de la patria, y si bien ha tenido que aceptar que no estábamos equivocados cuando planteamos la construcción de las represas Kirchner-Cepernic sobre el río Santa Cruz, uno de los más caudalosos que tenemos, ahora se vale de argumentos a nuestro criterio equivocados para justificar el recorte de las centrales, que sólo producirán energía para los grandes centros urbanos, sin que quede ningún excedente para industrializar el sur argentino.
La diferencia entre potencia y energía que me acusa de confundir "intencionalmente" es central para comprender los objetivos y alcances de cada propuesta. En la original se trataba de generación de punta, que se utiliza su máxima potencia en los picos de consumo. En cambio, con el recorte de 450 megavatios se convierte en una generadora "de base", que se produce en forma constante para ser transportada a los grandes centros de consumo, es decir, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sin que quede ningún excedente para el sur del país.
La decisión de "empuntar" las represas -que tengan una potencia mayor a la que el río ofrece- no fue un capricho nuestro, sino un requerimiento expreso de Cammesa, que mediante un informe técnico consideró que "sería de gran utilidad" y enumera una serie de motivos vinculados a dar seguridad al sistema ante la incorporación de energía eólica (que tiene más variaciones) y requiere energía de respaldo.
Es interesante recordar que con ese mismo criterio, hoy Alicurá tendría 250 megavatios menos que los 1.050 actuales y se multiplicarían los cortes de luz cada vez que hay un desperfecto en una central térmica. Lo mismo ocurriría con los 1.400 megavatios que tiene hoy Piedra del Águila, que serían poco más de 1.000 y podemos seguir la lista.
Asimismo, es falso y malicioso el concepto del ministro sobre el funcionamiento simultáneo de 11 turbinas del complejo, algo que sólo ocurre en las represas binacionales. Toda hidroeléctrica necesita equipamiento de reserva para mantenimiento y aprovechar su potencia en caso de crecidas. De la misma manera no es cierto que la energía anual que generará el complejo será la misma: los originales 5.245 GW por año se reducirán a alrededor de 5.000 GW por año, lo que representa una pérdida superior a los 40 millones de dólares por año.
También hay que tener en cuenta que al disminuir la potencia de la obra mientras que el préstamo a devolver no se modifica, aumenta el valor de las cuotas, que será un 32,82% más cara.
En relación con el impacto ambiental, se han realizado los estudios en los términos de la ley 23.879 (Obras Hidráulicas), la de Ambiente (25.675) y el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).
En forma preocupante, el ministro Aranguren desconoce la Constitución nacional, ya que todos los recursos naturales, post reforma de 1994, pertenecen a las jurisdicciones provinciales. Por ende, la provincia de Santa Cruz es propietaria de lo que allí se construya y es quien realiza la expropiación a su nombre.
La Ley 15.336 (que legisla sobre la Generación, Transporte y Distribución de Electricidad) no se refiere, como afirma Aranguren, a la propiedad, por lo tanto no es cierto que firmamos un acuerdo con la provincia de Santa Cruz "al margen" de dicha norma. Claramente quedaba establecido que la obra era del Estado nacional hasta que se reintegren a las arcas nacionales la totalidad de los fondos invertidos en ella. Y durante ese período, la provincia no percibiría ninguna regalía.
En conclusión, de llevarse adelante como plantea Aranguren, el proyecto de las dos represas sobre el río Santa Cruz que soñó Néstor Kirchner y concretó Cristina Fernández de Kirchner será otra oportunidad perdida para industrializar la Patagonia y construir un país más federal, con inclusión territorial y social, algo que parece no formar parte del léxico del ministro.


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