1 de marzo 2017 - 00:00

Los traficantes de inmigrantes prosperan como nunca con Trump

Los tratantes incrementan también los secuestros extorsivos y torturas. Y los agentes de EE.UU. “disfrutan” de tener desatadas las manos.

QUEJA SORDA. La frontera entre Ciudad Juárez y Nuevo México es precursora en materia de muros, que Donald Trump pretende generalizar a todo el límite sur. Los grafiti son una nueva forma de protesta.
QUEJA SORDA. La frontera entre Ciudad Juárez y Nuevo México es precursora en materia de muros, que Donald Trump pretende generalizar a todo el límite sur. Los grafiti son una nueva forma de protesta.
Ciudad de México - Las bandas criminales están de fiesta con el endurecimiento de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque eso les permitió más que duplicar las tarifas que cobran para pasar personas clandestinamente a ese país.

Al mismo tiempo, en la frontera norte de México aumentaron los secuestros y los casos de tortura, según testimonios de las familias de los propios "sin papeles" y de activistas.

Migrantes deportados, la mayoría centroamericanos, que esperan en ciudades como Tijuana y Nuevo Laredo, en los dos extremos de la línea limítrofe, la oportunidad de volver a intentar el ingreso a ese Estados Unidos, aseguran que las condiciones se vuelven cada vez más insoportables.

Los "polleros" aumentaron drásticamente sus tarifas. Quienes no pueden pagarlas, buscan cruzar por su cuenta, pero mientras lo intentan pueden ser víctimas de secuestros y si sus familias no pagan rescate, son cruelmente torturados e inclusive asesinados.

En los cruces por la zona montañosa de Baja California las cuotas aumentaron de 3.500 a 8.000 dólares, ante el argumento de que "los riesgos aumentaron" con las nuevas políticas del Gobierno de Estados Unidos.

Dos memorandos suscritos por John Kelly, el nuevo secretario estadounidense de Seguridad Interior, endurecieron severamente las acciones migratorias y empoderaron a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ahora, inclusive, cualquier miembro de un cuerpo de seguridad de un condado o de un estado puede ejercer funciones migratorias y si bien en las llamadas "ciudades santuario" los alcaldes se rehúsan a acatar esas acciones, en la mayoría lo hacen sin chistar.

Un reciente informe del diario The New York Times señala incluso que la policía de fronteras está exultante porque nunca había tenido tanta libertad de acción, lo que hasta le permite esperar a los migrantes cuando salen a trabajar o a la entrada de las iglesias, de las obras en construcción y de los campos de cultivo a los que concurren.

Según los testimonios, las bandas criminales ofrecen conseguir una visa válida por parecido físico, aunque no pertenezca a quien la porta, pero el costo es de 12.000 dólares, lo que indica que hay complicidad con funcionarios de Estados Unidos.

A veces, sin embargo, ese recurso tampoco funciona ya que una persona deportada a Tijuana, que no se identificó, dijo que los agentes migratorios descubrieron que su visa no le correspondía, lo detuvieron y lo expulsaron a México.

Algunos migrantes relataron al diario Reforma cómo fueron víctimas de tortura "física y psicológica" en Ojinaga, estado de Chihuahua, luego de ser secuestrados por la banda conocida como "La Línea", que suele estar al servicio del Cartel de Sinaloa para el tráfico de drogas pero que actúa por su cuenta en la trata y el secuestro de personas.

El matutino citó el caso de Efrén Guevara, de 50 años, que trabajó como albañil en Dallas, Texas, quien relató las heridas que le provocaron sus captores, quienes le propinaron patadas y le hicieron heridas de navaja en los brazos, las piernas y el torso.

Mientras se repone de las graves lesiones que sufrió en un centro religioso de Tijuana, junto con refugiados haitianos, Guevara señaló que fue torturado porque los delincuentes no podían localizar a su familia que vive en Estados Unidos para cobrar el rescate.

El secuestro ocurrió mientras el hombre intentaba su último cruce clandestino después de haber sido deportado cuatro veces, la más reciente en el municipio de Acuña, estado de Coahuila.

Guevara señaló que a las familias de los indocumentados secuestrados de Honduras, El Salvador y Guatemala les exigen 20.000 dólares para liberarlos y a los mexicanos, la mitad. Pero si no hay pago en un tiempo determinado, las torturas ceden el paso a los asesinatos, ya que los delincuentes suelen ser muy impacientes.

El hombre, que dejó en Estados Unidos a su esposa, seis hijos y quince nietos, se muestra muy dolido pues dice que "ahora estoy solo, sin la posibilidad de ver" a su familia.

Agencia ANSA

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