Luz y Fuerza negocia suba salarial (hoy paro sorpresa)

Oscar Lescano

El reclamo del gremio de Luz y Fuerza para que las empresas eléctricas cumplan con un acuerdo de aumento salarial por el 30% para el año (del cual ya se percibe el 22%) renovó versiones sobre aumentos en las tarifas. Los rumores serían en realidad una actualización del planteo que desde marzo viene haciendo el titular del sindicato, Oscar Lescano, para que el Gobierno autorice una suba de $ 5 a $ 10 en las facturas, de modo que las compañías estén en condiciones de pagar los ajustes en los sueldos.

Esa idea de Lescano para asegurarse los aumentos no fue por ahora escuchada por las autoridades, y el incremento salarial del 22% se viene pagando desde marzo con recursos del capital corriente que deberían destinarse en parte al mantenimiento de las redes. No se descarta, sin embargo, que si al quite de colaboración que Luz y Fuerza viene realizando en las últimas semanas se suma hoy un paro sorpresivo por 24 horas, tal como trascendió, pueda haber un cambio de actitud en el ministro de Planificación, Julio De Vido, el primero que debe ser convencido en relación con las tarifas.

Este escenario probable no tiene las mismas características en las empresas de gas, donde el Gobierno sigue frenando subas aprobadas por decretos desde 2009 no habilitando al Enargas, ente regulador del gas, a autorizar nuevos cuadros tarifarios. Aunque en el sector del gas también tienen aumentos de salarios, falta un sindicalista como Lescano en el sentido de su poder de convocatoria y su influencia en algunos ámbitos oficiales.

Las versiones también indican un aumento en las facturas de AySA, la empresa de agua y servicios sanitarios en Capital Federal y GBA que no tiene ajuste de tarifas desde 2000, y tampoco lo tuvo después de la reestatización de Aguas Argentinas. En este caso, también se habla de una suba para cubrir los mayores costos laborales, tratándose de una empresa donde en parte el gerenciamiento es compartido por el sindicato.

Estos rumores, que parecen obedecer más a presiones gremiales que otra cosa, coinciden con movimientos de la oposición y del oficialismo en el Senado para una ley que rebaje hasta un 60% las facturas de gas y luz de los denominados sectores más vulnerables de la sociedad, lo que incluye a jubilados, discapacitados y desocupados.

El debate que se concretó ayer a la tarde tiene aspectos conflictivos. En primer lugar, hay quienes impulsan que las rebajas se sustenten con nuevos subsidios del Estado, con lo cual se seguiría profundizando la actual madeja de subvenciones. En segundo lugar, algunos senadores plantearon que un jubilado puede vivir con hijos de aceptable poder adquisitivo que también terminarían subsidiados. En ese punto, volvió a surgir en el debate el mismo criterio ya aplicado por el actual Gobierno de subvencionar según el nivel de consumo, lo cual también da lugar a inequidades, porque hoy un departamento de dos ambientes en un barrio de clase media de Capital puede pagar $ 17 bimestrales de gas, y una casa antigua en un barrio suburbano más de $ 90 promedio anual.

Lo más llamativo es que los legisladores ni siquiera están pensando en las subas dispuestas por el Gobierno para pagar importaciones de gas y compras de combustibles líquidos para las generadoras eléctricas, que derivan en espectaculares aumentos en los meses de mayor consumo. Esos incrementos, además, están frenados por la Justicia, y el Ejecutivo debió hacer lugar a numerosos cambios, debido a la inequidad de la norma, entre ellos no percibirlos en el bimestre junio-julio y cobrar sólo el 70% en agosto y setiembre.

En las empresas de luz y, sobre todo, en las de gas, por las modificaciones al Decreto 2067 y la incertidumbre sobre la decisión final de la Corte Suprema, y en las entidades de consumidores se espera un emprolijamiento de esos incrementos. También una política discreta y gradual de subas de tarifas para evitar un tarifazo futuro y temible si hay un eventual cambio de Gobierno. Para esos sectores, aun desde intereses encontrados, primero deberían resolverse esos temas y después evaluar a quién cobrarle tarifa social y bajo qué condiciones.